La Plata: la deuda pendiente con los usuarios de luz y agua que nadie controla

Mientras los cortes de luz y agua se multiplican en los barrios de La Plata, los usuarios siguen sin tener representación real en los organismos que deberían controlar a Edelap y Absa. La promesa de participación ciudadana quedó en el papel y hoy los vecinos solo tienen la vía judicial para reclamar.

La situación se agravó tras el incidente del lunes en la subestación de Tolosa, que dejó a miles de platenses sin suministro eléctrico. Pero el problema no es nuevo: las fallas en el servicio de luz y agua son una constante en la región, y las empresas prestatarias parecen no tener respuestas.

Los usuarios de La Plata y la Región están fuera de los entes de control. A pesar de que las leyes prevén la creación de sindicaturas y espacios de participación, la incidencia de los consumidores en organismos como el OCEBA (Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires) o la ADA (Autoridad del Agua) es prácticamente nula.

El OCEBA y la participación que no llega

El OCEBA fue creado en 1992, tras la privatización del sistema eléctrico, con el objetivo de fiscalizar a las distribuidoras y defender los derechos de los usuarios. Sin embargo, las asociaciones de consumidores denuncian que su participación dentro del organismo ha sido limitada y que aún falta mucho en materia de representación.

Uno de los problemas más graves es la suspensión de multas a las distribuidoras. En septiembre de 2025, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia ordenó postergar el pago de las penalizaciones por mala calidad del servicio, una medida que estará vigente hasta que se aplique el nuevo cuadro tarifario de la Revisión Tarifaria Integral (RTI). Esto deja al OCEBA sin una herramienta clave para sancionar a Edelap y otras empresas.

Henry Stegmayer, presidente de Consumidores Responsables, es contundente: “En general los usuarios tuvieron muy poca incidencia. Podían opinar sobre algunos temas e incluso lograron influir en casos puntuales, pero sus decisiones nunca fueron vinculantes”. Y agrega: “Hasta la Constitución habla de la participación de los usuarios en los entes reguladores, pero en la práctica eso no existe”.

El propio OCEBA reconoce en su sitio web que uno de sus problemas históricos fue la escasa representatividad y visibilidad entre los usuarios bonaerenses. Para mejorar eso, se crearon la Sindicatura de Usuarios, la Mesa de Usuarios de la Producción y el Consejo Asesor Eléctrico, pero según Stegmayer, la intervención de las asociaciones siempre fue ad honorem y sin mecanismos reglamentados que garanticen su funcionamiento.

Absa y una promesa incumplida de participación

En el servicio de agua, la situación es similar. ABSA es una empresa con mayoría estatal: el 90% de las acciones pertenecen a la Provincia y el 10% a los trabajadores de la ex Azurix. Esto significa que la Provincia es juez y parte: presta el servicio y también debe controlarlo a través de la ADA.

Los vecinos de Gonnet y Villa Castells intentaron reclamar por la mala calidad del agua a través de la Justicia de Faltas de La Plata, logrando que se obligara a ABSA a entregar bidones de agua potable y a suspender el cobro del servicio. Sin embargo, la Suprema Corte bonaerense frenó esa medida al determinar que la Justicia local no tiene competencia sobre un servicio público provincial.

Históricamente, los organismos de control del agua tuvieron representación de los usuarios. El ORBAS, creado por la Ley 11.820, tenía un directorio con un miembro designado por asociaciones de consumidores. Luego, con la estatización del servicio, el ORAB mantuvo esa representación, y más tarde el OCABA también la incluyó.

Pero todo cambió cuando la Ley 14.989 disolvió el OCABA y transfirió sus funciones a la ADA. Desde entonces, el control del agua quedó concentrado en un organismo provincial sin participación ciudadana directa.

En 2015, la Ley 14.745 creó la Sindicatura de Usuarios dentro del organismo de control, con un presupuesto de hasta el 5% del total asignado. Pero más de diez años después, esa estructura nunca se formalizó. En noviembre de ese año, el OCABA encargó a dos abogados gestiones para ponerla en marcha, pero con la disolución del organismo, el proyecto quedó en la nada.

Hoy, los platenses tienen cada vez menos vías para reclamar por los servicios que pagan. Mientras los cortes se repiten, la participación ciudadana sigue siendo una deuda pendiente.