La polémica frase de un docente libertario sobre la Masacre de Capilla del Rosario
Un docente de la Escuela de la Libertad deslizó un polémico comentario sobre la Masacre de Capilla del Rosario. ¿Qué dijo y por qué generó indignación?
Un docente vinculado a La Libertad Avanza desató una fuerte polémica al expresar su lamento porque los militares “no terminaron con todos” durante la Masacre de Capilla del Rosario, ocurrida en 1974. La declaración, que ya genera repercusiones en el ámbito político, pertenece a Fernando “Yuyo” Zamiruk, quien además se desempeña como encargado de prensa del partido en Catamarca.
El comentario fue realizado en un posteo que recordaba el episodio y que hacía referencia al reclamo de los sobrevivientes de aquel hecho, quienes habían cuestionado la reciente absolución de los responsables del Regimiento.
¿Qué dijo exactamente?
“No terminaron con todos. Una pena...”, escribió Zamiruk en la publicación, en clara alusión a los militantes del ERP que perdieron la vida aquel 12 de agosto de 1974. Sus palabras surgieron a raíz de un artículo periodístico en el que Mario Miguel “Indio” Paz, sobreviviente de la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, lamentaba la decisión de la Justicia de absolver a los mandos militares que habían sido condenados en 2013.
La masacre, de la que se cumplieron 52 años, dejó un saldo de 16 militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), quienes fueron acribillados tras haberse rendido en un intento frustrado por copar el Regimiento de Infantería nº17.
El recorrido judicial del caso
En 2013, el Tribunal Oral Federal de Catamarca condenó al capitán Carlos Carrizo Salvadores, al subteniente Mario Nakagama y al teniente primero Jorge Exequiel Acosta por “homicidio doblemente agravado”, con la calificación de “delitos de lesa humanidad”. Sin embargo, la Cámara de Casación anuló la condena en 2016.
El tribunal de alzada no negó los hechos, pero rechazó “la existencia de un plan sistemático de persecución y aniquilamiento de un sector de la población civil”. Esta postura fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia en marzo de 2024, lo que generó el malestar de los sobrevivientes y organismos de derechos humanos.