La polémica por los glaciares llega a Diputados: audiencias con más de 100 mil inscriptos y un método que divide aguas
Con más de 100 mil personas queriendo hablar, las audiencias por la Ley de Glaciares en Diputados arrancan entre polémicas y un sistema de participación que fue a la Justicia. ¿Logrará el oficialismo los votos para cambiar una ley clave?
Tras su paso por el Senado, la reforma de la Ley de Glaciares llega a la Cámara de Diputados con un proceso de audiencias públicas que ya genera controversia. Con más de 100 mil personas anotadas para participar, los libertarios implementaron un polémico sistema de videos que fue judicializado por ONGs ambientalistas. El oficialismo apunta a lograr la sanción definitiva en la primera quincena de abril.
Las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, presididas por José Peluc y Nicolás Mayoraz, convocaron a dos extensas jornadas de audiencias públicas para este miércoles y jueves. Las sesiones se desarrollarán de 10 a 19 horas, con posibilidad de extenderse hasta la medianoche, en lo que fue la máxima concesión del oficialismo ante el masivo número de inscriptos.
¿Un mecanismo de participación o un filtro?
Frente a la abrumadora cantidad de personas que quieren exponer, los diputados a cargo habilitaron un mecanismo que consiste en subir videos de cinco minutos a YouTube. Cada participante deberá además presentar un escrito de no más de diez páginas. Este formato fue inmediatamente cuestionado por un grupo de fundaciones ambientalistas, que presentaron una medida cautelar para exigir la participación oral de todos los inscriptos.
La acción judicial fue impulsada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Red Universitaria por la Crisis Climática (RUCC), el Centro de Estudios de Políticas Ambientales (CEPA), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la Fundación Greenpeace Argentina. Sin embargo, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira, rechazó el pedido de suspensión, dejando firme el desarrollo de las audiencias.
El diputado Nicolás Mayoraz salió al cruce de las críticas, calificando a los opositores como “un grupo minúsculo de ONGs y charlatanes de feria”. Aseguró que el proceso cumple con los plazos y la transparencia requeridos por el Acuerdo de Escazú y que no hay criterios restrictivos para la participación ciudadana.
Nicolás Mayoraz, diputado de La Libertad Avanza, presidente de Asuntos Constitucionales.
Un debate con acceso restringido
Otra decisión que generó malestar establece que solo podrán estar presentes en las audiencias los diputados integrantes de las dos comisiones convocantes. El resto de los legisladores nacionales no tendrá derecho a participar. Además, se limitó el ingreso de asesores, permitiéndose solo dos por bloque político, pertenecientes a la Secretaría Parlamentaria.
Una vez finalizadas las exposiciones públicas, el oficialismo planea convocar un nuevo plenario de comisiones entre el 7 y el 8 de abril para firmar los dictámenes. La meta es llevar el proyecto al recinto para su votación final el 15 de abril. Si se aprueba sin modificaciones, se convertirá en ley; si se introducen cambios, deberá volver al Senado para una nueva revisión.
La pulseada por los votos en el recinto
Los presidentes de la Cámara, Martín Menem, y del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, trabajan para asegurar los 129 diputados necesarios para lograr quórum y, fundamentalmente, la mayoría para sancionar la norma. A los 95 votos propios de La Libertad Avanza, esperan sumar a la mayoría de los 12 integrantes del PRO y de la UCR, aunque estos bloques mostraron diferencias durante el debate en el Senado.
También contarían con el respaldo de legisladores de provincias cordilleranas cuyos gobernadores ya adelantaron su acompañamiento, como Salta, Catamarca, San Juan y Mendoza. En Neuquén, la senadora Julieta Corroza se abstuvo tras conversar con el gobernador Rolando Figueroa. Un caso de disidencia es el de la diputada radical jujeña María Inés Zigarán, integrante de Provincias Unidas, quien ya anunció su rechazo a la reforma.
María Inés Zigarán, diputada nacional radical integrante de Provincias Unidas, adelantó su rechazo a los cambios a la Ley de Glaciares.
¿Qué cambia la nueva ley?
La reforma busca modificar la Ley de Presupuestos Mínimos para la protección de los glaciares, sancionada en 2010. El cambio central radica en alterar la protección total que hoy tienen los glaciares y el ambiente periglacial. El proyecto otorga mayor margen a las provincias para determinar qué geoformas proteger y en cuáles habilitar actividades económicas, evaluando principalmente su aporte hídrico.
Esto, en la práctica, permitiría el desarrollo de actividades industriales como la minería y la exploración petrolera en zonas periglaciales, transfiriendo el poder de decisión a los gobiernos provinciales. Los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de San Juan, Marcelo Orrego, participaron activamente del debate en el Senado y se espera que sus bancadas acompañen la votación en Diputados.
El proyecto fue aprobado en la Cámara alta el pasado 26 de febrero por 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención. Ahora, su destino final se juega en el recinto de Diputados, en medio de una fuerte pulseada política y un inédito proceso de participación ciudadana que ya muestra sus grietas.
