La Policía de Río Negro espera una respuesta desde julio y el silencio ya tiene destinatario
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La Policía de Río Negro espera una respuesta desde julio y el silencio ya tiene destinatario

¿Hasta cuándo piensa el Gobierno sostener el silencio sobre el expediente que la Policía de Río Negro espera desde julio? Lo que advierten los retirados sobre la próxima elección.

Un grupo de retirados de la Policía de Río Negro volvió a poner sobre la mesa un reclamo que lleva meses sin resolución: la creación de una paritaria específica para los agentes de la fuerza provincial y del servicio penitenciario. Con el expediente dormido, los impulsores salieron a hacer público el pedido y a advertirle al Gobierno que el silencio puede costarle caro en las próximas elecciones.

La iniciativa se llama «Régimen Profesional de Negociación Colectiva» y busca que el personal de seguridad pueda discutir salarios y condiciones laborales en un ámbito que contemple las particularidades del sector, algo que hoy no existe.

Un expediente que entró en julio y no avanzó

El proyecto fue presentado formalmente el 29 de julio, con notas dirigidas al gobernador Alberto Weretilneck y a cada uno de los legisladores provinciales. Después de algunos contactos iniciales con referentes parlamentarios, la tramitación no registró ningún avance.

«No hemos recibido ningún tipo de contestación y por eso tenemos la necesidad de hacer esto público y poner en agenda política esta situación», enfatizó Emanuel Avilés, uno de los promotores, en diálogo con FM de la Costa.

Avilés fue más allá y anticipó un costo político concreto: «Si el Gobierno no toma este proyecto, le va a jugar en contra políticamente para el próximo año electivo, porque para el policía las cosas son blanco o negro: si me das, te doy».

Por qué el voto policial pesa en Río Negro

La advertencia no es un detalle menor. En 2023 la fuerza votó masivamente al cipoleño Aníbal Tortoriello y, además, tiene un fuerte componente peronista. Para el oficialismo provincial se trata de un sector esquivo, difícil de encasillar en el mapa electoral.

Qué propone el proyecto y qué deja afuera

El esquema se diferencia de los modelos sindicales tradicionales. La propuesta plantea una Mesa de Diálogo y Consenso integrada por representantes ministeriales, de la Jefatura, del Servicio Penitenciario, de Economía y por delegados elegidos por el propio personal.

El texto excluye de manera expresa el derecho a huelga y cualquier medida de fuerza, con el objetivo de garantizar la prestación ininterrumpida de la seguridad pública.

«Este proyecto no afecta para nada la cuestión operativa de la institución; se asegura el 100% de la operatividad sin necesidad de andar haciendo ningún paro ni nada que se le parezca», explicó Avilés.

Según los impulsores, la iniciativa se respalda en pronunciamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De prosperar, Río Negro se convertiría en la primera provincia del país en adecuar la representación policial a esos estándares constitucionales.

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