La pregunta que dejó helado al fiscal: ¿Por qué no indagó sobre el origen de los fondos?

Una escribana admitió ante la justicia que no preguntó sobre la procedencia de grandes sumas de dinero utilizadas en operaciones inmobiliarias de un alto funcionario. Su explicación, basada en la confianza personal, ha encendido alarmas en Comodino Py y podría derivar en una investigación separada sobre su conducta profesional.

Adriana Nechevenko, la escribana que intervino en tres operaciones inmobiliarias del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, declaró esta semana ante el fiscal Gerardo Pollicita. La investigación central busca determinar si Adorni puede justificar con sus ingresos públicos los movimientos de dinero para viajes y adquisiciones de propiedades desde diciembre de 2023.

¿Qué revelaron las declaraciones?

Nechevenko brindó detalles sobre las operaciones que certificó, las cuales incluyen una casa en un barrio privado de Exaltación de la Cruz y dos departamentos en la Capital Federal. Estas transacciones constituyen un eje clave de la pesquisa iniciada por la diputada nacional Marcela Pagano.

En noviembre de 2025, la escribana consiguió para Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, un préstamo privado de 100.000 dólares. Ese mismo día, la esposa del funcionario depositó esa cifra en el Banco Galicia, sumando 20.000 dólares más del patrimonio familiar. Este préstamo tiene un interés del 11% anual y debe ser devuelto en noviembre próximo.

Adorni ya ha devuelto 30.000 dólares de esa hipoteca, quedándole 70.000 por pagar. Estos valores fueron volcados en la escritura de la casa del barrio privado Indio Cuá, la cual obtuvo validez tras el acto formal ante la escribana.

La pregunta clave y la respuesta

Ante esta explicación, el fiscal Pollicita realizó la pregunta crucial: “¿Usted preguntó sobre el origen de esos fondos?”. Adriana Nechevenko aseguró que no. Su motivo fue que ella conocía a la persona que proporcionaba los 100.000 dólares.

En una entrevista con Infobae el jueves por la mañana, la escribana amplió su postura. “No estoy obligada a pedir el origen del dinero. Con que declare que es de origen legal, ya está. Hoy en día ni siquiera estoy obligada a pedirlo”, indicó Nechevenko.

Otras operaciones bajo la lupa

En el caso del departamento ubicado en Miró 500, en el barrio de Caballito, fue el propio Jefe de Gabinete quien consiguió la hipoteca privada. Esta fue garantizada por Claudia Sbabo y Beatriz Alicia Veigas, dos jubiladas que este miércoles deberán prestar declaración testimonial. Cada una proporcionó 100.000 dólares.

El matrimonio aportó 30.000 dólares adicionales, realizándose la escritura por un total de 230.000 dólares. Nechevenko explicó que esta operación no se realizó con dinero en efectivo, sino con una hipoteca privada a favor de las vendedoras. El hijo de una de ellas “era conocido de Manuel Adorni”, según indicó, y también deberá declarar.

¿Incumplimiento de la normativa?

Fuentes allegadas al expediente señalaron a Clarín que “se podría estar ante un presunto incumplimiento de la normativa anticipado y de ciertos deberes que no puede pasar por algo una escribana pública”. En consecuencia, se analiza si corresponde abrir una investigación para determinar si Nechevenko incurrió en algún posible delito.

El fiscal Pollicita, incluso después de tomarle declaración, requirió a su equipo el detalle de la normativa y resoluciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) que rigen en materia de prevención de lavado de activos. El accionar de la escribana está bajo estudio y “podría terminar siendo investigada”, explicaron fuentes judiciales.

Análisis técnico y advertencias

María Eugenia Talerico, ex integrante de la UIF durante la gestión macrista, explicó a Clarín que, por reglamentación, la escribana tiene que conocer el origen del dinero utilizado, especialmente tratándose de una persona políticamente expuesta, donde la debida diligencia debe ser reforzada.

“La escribana no puede hacer intermediación financiera ni conseguir fondos para operaciones”, afirmó Talerico. Añadió que, ante la inusual financiación y el bajo precio pagado en la calle Miró, además de las operaciones concatenadas, la escribana debió haber realizado un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la UIF.

El plazo para hacer este reporte es de 24 horas desde que se concluye que la operación podría ser sospechosa, y de 90 días hábiles para el análisis correspondiente. “Si no lo hizo, está en infracción”, indicó Talerico, quien trabajó junto a Mariano Federici en la UIF desde 2015 a 2019.

El rol del escribano como funcionario público

Se resaltó que el escribano tiene un rol de funcionario público y de fe pública en los instrumentos que certifica. Esta certificación, por delegación del Estado, hace que su rol esté bajo el escrutinio del Colegio de Escribanos.

“La escribana por sus declaraciones públicas tiene que estar en miras de la UIF y sobre todo si no hizo el ROS, porque las declaraciones públicas demuestran una liviandad muy grande por parte de ella en el marco del cumplimiento de la norma de prevención lavado de dinero”, consideró Talerico.

La condición de persona políticamente expuesta

Un factor adicional es que las operaciones se realizaron con una persona políticamente expuesta (PEP), que incluye también a su esposa, Bettina Angeletti. Un escribano de larga trayectoria explicó que si el cliente es una persona expuesta políticamente, se considera de riesgo alto de lavado de activos, especialmente si la relación es habitual y no ocasional, lo que exige una diligencia reforzada.

En el caso de la hipoteca privada utilizada para el departamento en Caballito, “cuando se trata de formas inusuales como se denominan, puede ser una razón para hacer un ROS, pero queda a criterio del escribano”, señaló el profesional.

Declaraciones que encendieron alarmas

En su entrevista con Infobae, Nechevenko afirmó: “A mí no me importa que sea funcionario, para mí es Manu”. Este tipo de posicionamiento ha encendido luces de alerta en Comodoro Py, según indicaron fuentes judiciales.

Jimena de la Torre, abogada e integrante del Consejo de la Magistratura y ex jefa de Gabinete de la UIF, explicó a Clarín que un escribano, como sujeto obligado de la UIF, no es un mero espectador formal del acto. La Ley 25.246 los incluye expresamente, y la Resolución UIF 242/2023 les exige identificar al cliente, verificar si es una PEP, requerir declaración jurada sobre la licitud y origen de los fondos y, según el nivel de riesgo, pedir documentación respaldatoria.

“Si no puede cumplir con esa debida diligencia, no debe iniciar o continuar la relación profesional y debe evaluar el reporte de operación sospechosa”, afirmó De la Torre, quien también fue asesora letrada de la AFIP.

Conclusión de los expertos

Por los argumentos expuestos, la abogada entiende que si en un caso de esta magnitud la escribana “no consultó el origen de los fondos, no estamos ante un detalle menor: estamos ante el corazón mismo del deber preventivo”.

“Más todavía si interviene un funcionario alcanzado por el régimen de PEP, porque ese contexto exige una mirada reforzada sobre la operación. Eso no significa afirmar automáticamente un delito ni una sanción, pero sí decir con claridad que no alcanza con responder ‘pregúntenle al cliente’: justamente para eso existe el sistema antilavado”, concluyó De la Torre.