La “presa influencer” que festejó su cumpleaños con globos y música en la cárcel recibió un duro golpe
¿Creían que podía seguir publicando desde la cárcel? El abrupto silencio de la “presa influencer” tras la decisión que tomó el Servicio Penitenciario.
Agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense le quitaron el teléfono celular a Paola “Malala” Galeano, la interna que generó una fuerte polémica al viralizar videos de su festejo de cumpleaños dentro del Penal N°40 de Lomas de Zamora. El procedimiento se concretó el miércoles por la tarde y, desde entonces, su actividad en redes sociales se detuvo por completo.
La mujer, que lleva 13 años detenida, se había convertido en un fenómeno en internet hace pocos días. Mostró una celebración con arcos de globos, equipo de música, cortinas de cotillón, luces led y una torta de pastelería decorada, lo que desató una ola de reacciones entre usuarios.
¿Quién es Paola “Malala” Galeano?
Entre TikTok e Instagram, esta interna acumulaba un total de casi 300 mil seguidores. Sin embargo, su pasado es oscuro: fue detenida por un crimen ocurrido en 2013, donde ella y otros tres hombres asesinaron a tiros a Carlos Alberto Gauna durante un intento de robo de su camioneta.
En 2014 aceptó un juicio abreviado en el Tribunal en lo Criminal N°5 de La Matanza. Allí fue condenada por ser considerada partícipe necesaria de un homicidio en ocasión de robo. La investigación determinó que Galeano fue quien señaló a la víctima y ocultó información crucial para la causa.
Un historial de exposición y consecuencias
Según informó el portal Diario Lomas, esta no sería la primera vez que la “presa influencer” enfrenta medidas por su exposición pública. El año pasado también le habrían retirado el celular durante una requisa, luego de que una entrevista la volviera a viralizar en su momento.
En 2016, su abogada defensora presentó un recurso ante la Suprema Corte bonaerense, pero fue rechazado. Según los datos que trascendieron, la mujer recuperaría su libertad en agosto de 2026, tras cumplir su condena.
El caso pone nuevamente en debate los límites de la vida privada y la exposición en redes sociales dentro del sistema carcelario, generando cuestionamientos sobre el acceso a ciertos elementos y la repercusión pública de las personas privadas de su libertad.
