La promesa rota de la campera: la estafa que dejó sin su sueño a los egresados de una escuela mendocina

Firmaron un contrato, pagaron las cuotas y esperaron durante meses. Lo que prometía ser el sueño de los egresados terminó en una denuncia penal. ¿Cómo una empresa los dejó sin la ansiada campera y con una estafa millonaria?

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La promesa rota de la campera: la estafa que dejó sin su sueño a los egresados de una escuela mendocina

Familias de la Escuela Tiburcio Benegas de Ciudad denuncian haber sido estafadas por una empresa de Maipú que les cobró por los conjuntos de egresados y nunca los entregó. Con contratos firmados y pagos realizados, los padres vieron cómo las fechas de entrega se postergaban una y otra vez hasta que la comunicación se cortó. La ilusión de los chicos de séptimo grado se transformó en frustración y una denuncia penal por un monto que supera el millón de pesos.

Cecilia, madre de un alumno, relató cómo comenzó la búsqueda con anticipación el año pasado para resolver la compra de las camperas antes del inicio de clases. Finalmente, el grupo de padres optó por la firma IT Egresados, con local en Ozamis al 801 en Maipú.

En mayo de 2025 firmaron un contrato que establecía el pago en tres cuotas por un conjunto de remera y campera, con un costo total de 85 mil pesos por cada uno. La entrega estaba pactada inicialmente para el mes de septiembre.

Las excusas y los constantes retrasos

Con el paso de los meses, las demoras comenzaron. Primero, la fecha se corrió a noviembre y luego a diciembre, bajo el argumento de retrasos en los pagos de algunas familias. “Dijimos, bueno, estamos tranquilos porque todavía es antes del cierre de año”, comentó Cecilia.

Sin embargo, la espera se extendió hasta febrero. La situación se complicó cuando la intermediaria a cargo de la cobranza y el contacto dejó de responder. Según la denunciante, esta mujer les informó que había sido desvinculada de la empresa en diciembre, momento a partir del cual comenzó a desentenderse del asunto.

Un patrón que se repite

Testimonios de otras madres de diferentes instituciones educativas revelan un patrón similar. La misma intermediaria habría utilizado recurrentemente el argumento de su desvinculación para evadir los reclamos. La promesa posterior era siempre idéntica: la empresa no podía continuar con la producción y el dinero sería devuelto pronto.

Ante la falta de respuestas concretas, las familias de la Tiburcio Benegas empezaron a sospechar que eran víctimas de una estafa. “Nosotros ya habíamos dado por sentado que habíamos sido estafados”, afirmó Cecilia. Iniciaron una denuncia en Defensa del Consumidor, pero les indicaron que debían proceder por la vía penal.

La confirmación que temían

La empresa, tras reiteradas consultas, les prometió una entrega para la semana del 23 de marzo. Pero el día 25 llegó el mensaje definitivo: “No se van a entregar las camperas, hemos decidido frenar toda la producción”. También les informaron que un supuesto representante legal se contactaría para gestionar la devolución del dinero, algo que nunca sucedió.

“Me estuviste boludeando un montón de tiempo… ¿por qué no me dijiste esto antes?”, fue el reclamo de Cecilia hacia la empresa. La frustración llevó a la formalización de una denuncia penal. Desde el Polo Judicial confirmaron que no se trata de un caso aislado. “Evidentemente hay varios grupos que han sido estafados y esto pasa a delitos económicos”, indicaron.

El costo más allá del dinero

En este curso, compuesto por unos 13 o 14 alumnos, el monto total defraudado supera el millón de pesos. Pero el impacto trasciende lo económico. Aun si se concretara la devolución del dinero, los estudiantes se quedarían sin su uniforme de egresados, un símbolo muy esperado de su logro. “Los chicos están súper ilusionados con su conjunto”, lamentó la madre.

Denuncias en redes sociales sugieren que cientos de personas en toda la provincia habrían sido afectadas por la misma empresa, lo que refuerza la hipótesis de un accionar sistemático. Las familias buscan ahora visibilizar el caso para prevenir que otras instituciones caigan en la misma trampa. “Queremos que no le pase lo mismo a otra escuela”, concluyó Cecilia.

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