La Provincia de Tucumán ejecutará a 140 propietarios de barrios privados que adeudan $7.000 millones

El Ministerio de Economía tucumano iniciará acciones judiciales contra casi 140 propietarios de countries y barrios privados que acumulan una deuda millonaria en impuestos. El ministro Daniel Abad confirmó que la deuda, cercana a los siete mil millones de pesos, corresponde a tributos patrimoniales como el inmobiliario y las patentes de vehículos de alta gama.

Abad precisó en declaraciones a La Gaceta que todos los contribuyentes morosos, inscriptos en Rentas, fueron notificados oportunamente sin que regularizaran su situación. “El secreto fiscal no nos permite dar nombres, pero todos fueron notificados oportunamente y no se presentaron”, explicó el funcionario provincial.

Deuda focalizada en zonas de alto poder adquisitivo

El ministro señaló que la mayoría de los deudores se concentra en áreas como Yerba Buena y Tafí Viejo, donde se ubican numerosos emprendimientos de este tipo. Aclaró que las obligaciones vencidas están vinculadas específicamente a impuestos patrimoniales y no a tributos por actividades económicas.

“Estamos hablando de sectores de alto poder adquisitivo, no de barrios periféricos”, sostuvo Abad. El funcionario hizo hincapié en la paradoja de que muchas familias humildes cumplan con sus obligaciones fiscales, mientras que propietarios de vehículos de altísima gama no abonen la patente correspondiente.

Última oportunidad antes de la vía judicial

Abad confirmó que, una vez concluida la feria judicial, la Provincia avanzará con las ejecuciones fiscales correspondientes. Algunos contribuyentes comenzaron a regularizar sus deudas recién después de que el tema tomara estado público.

No obstante, el Ministerio de Economía mantiene una última convocatoria para que los morosos se acerquen a Rentas. “Existen planes de pago y beneficios vigentes. Buscamos que regularicen antes de llegar a instancias judiciales, que implican embargos, intereses y honorarios”, advirtió el ministro.

El titular de la cartera económica fue contundente al afirmar que “los impuestos se deben pagar, no hay otra alternativa”. Remarcó que la carga fiscal termina recayendo siempre sobre los mismos contribuyentes cumplidores, una situación que calificó como injusta.

La decisión de avanzar con acciones legales marca un punto de inflexión en la política de recaudación de la Provincia hacia contribuyentes de mayor capacidad económica. El monto total de la deuda, $7.000 millones, representa una cifra significativa para las arcas provinciales.