La Provincia recuperó más de $800 millones de obras sociales: cómo logró cobrar

La Fiscalía de Estado de San Juan ya recuperó más de $815 millones que distintas obras sociales le debían al sistema de salud pública por prestaciones realizadas en hospitales provinciales. El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, explicó que el organismo llevó adelante ejecuciones judiciales contra las entidades que no cancelaron sus deudas.

El mecanismo, que se consolidó durante este año, se apoya en el nuevo sistema de recupero de costos. Según Dávila, las ejecuciones se organizaron en lotes y los resultados hasta ahora fueron "bastante satisfactorios".

Los montos recuperados

El primer lote de ejecuciones alcanzó un total de $790 millones. De ese monto, alrededor de $615 millones ya ingresaron a las arcas provinciales, ya sea mediante pagos concretados o en proceso de cancelación.

El segundo lote, iniciado entre mayo y junio de este año, contempla una deuda cercana a los $900 millones. De esa cifra, se recuperaron aproximadamente $200 millones. Así, entre ambos procesos, la Provincia lleva recuperados unos $815 millones.

Fiscalía de Estado ya prepara un tercer lote de ejecuciones, aunque Dávila no precisó montos.

Cómo funciona el reclamo

El fiscal explicó que la Fiscalía de Estado no interviene desde el inicio. Antes de llegar a la Justicia, existe una instancia administrativa en la que se determina el monto adeudado.

Las administraciones de los hospitales elaboran certificados con el detalle de las prestaciones no canceladas. Con eso se confecciona una preliquidación que se pone a consideración de cada obra social. En esa etapa, las entidades pueden observar o discutir los montos para intentar llegar a un acuerdo.

"Nosotros actuamos recién cuando no se llega a la cancelación, cuando no hay acuerdos", afirmó Dávila. Recién entonces se inicia la demanda judicial para ejecutar la deuda.

Embargos preventivos

Una herramienta clave del mecanismo son los embargos preventivos. Al iniciar la ejecución, se solicita al juez que ordene a la entidad bancaria transferir los fondos disponibles de la obra social a una cuenta judicial vinculada al expediente.

"Es asegurarse el cobro de la deuda", explicó el fiscal. El dinero queda retenido hasta que se resuelvan las cuestiones planteadas durante el proceso.

Dávila reconoció que algunas obras sociales presentan excepciones u otros planteos judiciales, que los jueces deben analizar. Aun así, destacó que los resultados obtenidos por la Provincia fueron positivos.

El origen de la deuda

El proceso judicial tiene su antecedente en el cambio del esquema de recupero de costos de la salud pública, implementado durante 2024. Ese año, San Juan sancionó una ley que creó el Registro Provincial de Agentes de Servicios de Salud, lo que permitió facturar a las obras sociales las prestaciones realizadas en hospitales públicos.

La aplicación efectiva de la norma llegó hacia fines de 2024, con el nuevo nomenclador de prestaciones. A partir de ahí, el Ministerio de Salud comenzó a reclamar los pagos a las entidades.

En marzo de este año, el Gobierno provincial hablaba de una deuda cercana a los $800 millones por prestaciones de diciembre de 2024. Pero los montos ejecutados judicialmente fueron superiores: los dos primeros lotes suman aproximadamente $1.690 millones.

El objetivo del reclamo

Para Dávila, el fundamento es que la atención sanitaria que brinda el Estado provincial genera un costo que debe ser afrontado por quien corresponde cuando el paciente tiene cobertura.

"La atención en la salud es algo primordial, pero no deja de generar un costo", sostuvo el fiscal, y remarcó que los gastos de tratamientos y prestaciones deben ser resarcidos por las entidades responsables.

El recupero de estos fondos busca además fortalecer el financiamiento del sistema público y evitar que los hospitales provinciales absorban con recursos propios prestaciones de personas con obra social.