La quiebra de Algodonera Avellaneda: quién se anima a comprar un edificio con base de US$1,75 millones

La Justicia dio un paso más en el proceso de liquidación de la textil Algodonera Avellaneda, una compañía vinculada a integrantes de la familia Vicentin. El juez Fabián Lorenzini, a cargo del expediente, habilitó la preinscripción para que posibles inversores compren los activos y establecimientos de la firma, que arrastra una deuda financiera que supera los US$260 millones y tiene al Banco Nación como principal acreedor.

La convocatoria quedó formalizada mediante una resolución en la que el magistrado informó que el plazo para anotarse vence el 11 de noviembre de 2026 a las 12.45. Para participar, los interesados deben completar un formulario web que el juzgado dispuso a tal efecto.

Una situación calificada como “gravísima”

En su escrito, Lorenzini no ahorró dramatismo al describir el contexto. Mencionó “la acuciante situación financiera de la empresa y sus diversos establecimientos industriales”, con especial atención a la hilandería y tejeduría que funcionan en el parque industrial de la ciudad. Además, habló de una “gravísima situación de vulnerabilidad económica, social y sanitaria que atraviesan las familias de los trabajadores dependientes de aquella empresa”, un cuadro que, según indicó, quedó expuesto a lo largo de las audiencias del proceso.

El juez también subrayó la necesidad de “preservar tanto los intereses de los acreedores concurrentes (largamente postergados), cuanto el valor real de mercado de los activos (actualmente en funcionamiento y con un grado de mantenimiento aceptable)”, con el objetivo de que resulten atractivos para los posibles compradores.

El edificio de la city porteña, a la venta

En paralelo, el magistrado ratificó la venta de un inmueble emblemático: el edificio de la calle Luis Sáenz Peña 1074, en la ciudad de Buenos Aires, que supo albergar las oficinas de Vicentin SAIC y de Algodonera Avellaneda. La autorización para venderlo ya había quedado firme en marzo de este año.

Ahora, las ofertas para adquirirlo se recibirán directamente en el expediente hasta la misma fecha límite del 11 de noviembre de 2026. La base de la operación es de US$1.750.000, tomando como referencia la penúltima mejor oferta presentada por la firma Electroluz SRL. El juez aclaró que no habrá restricciones en cuanto a la forma de pago —entrega y saldo—, y que cada propuesta será analizada por los interesados conforme a los artículos 204, 207 y concordantes de la Ley de Concursos y Quiebras.

La decisión busca destrabar un proceso que lleva meses y que tiene en vilo a trabajadores y acreedores. La pregunta que sobrevuela es quién se animará a invertir en una estructura productiva que, pese a su estado de mantenimiento aceptable, carga con un pasivo millonario y un futuro incierto.