La red de encubrimiento del caso Érika: dos allegados de “El Militar” Sosa fueron a prisión

La investigación por el femicidio de Érika Antonella Álvarez dio un giro crucial con la imputación y prisión preventiva de dos hombres cercanos a Felipe “El Militar” Sosa. Jorge “Chicho” Díaz y Nicolás Navarro Flores fueron acusados formalmente de encubrimiento agravado por su presunta participación en la eliminación de pruebas tras el crimen ocurrido en Yerba Buena. La jueza Isolina Apás Pérez de Nucci desestimó los argumentos de las defensas y ordenó su detención por tres meses, mientras la pesquisa busca determinar si hubo más cómplices.

¿Qué rol habrían tenido los nuevos imputados?

Durante la audiencia, la auxiliar fiscal Carolina Brito Ledesma expuso la teoría del caso. Sostuvo que el crimen ocurrió en la madrugada del miércoles 7 de enero en la vivienda de Sosa, ubicada en calle Santo Domingo al 1.100, en Yerba Buena. Allí, Érika habría sido asesinada a golpes.

Respecto a Díaz, la fiscalía indicó que habría llegado al domicilio en una camioneta con el logotipo de “Mundo Limpio”, empresa vinculada a Sosa. Según la acusación, se retiró horas después cargando bolsas de residuos en la caja del vehículo, por lo que se sospecha que su rol estuvo vinculado a tareas de limpieza en la escena del crimen.

En el caso de Navarro Flores, la investigación sostiene que, tras recibir un llamado de Sosa, se presentó en la vivienda y permaneció allí durante varias horas. Esto hace presumir, según el Ministerio Público Fiscal, que pudo haber colaborado en la eliminación del cuerpo de la víctima, que habría sido ocultado dentro de una bolsa de residuos.

Las defensas cuestionan los procedimientos

Los abogados de los imputados arremetieron contra los métodos de la investigación. Juan Pablo Bello, defensor de Díaz, sostuvo que el acta policial consignó que su asistido fue detenido en la vía pública, cuando en realidad los efectivos habrían ingresado a una vivienda que no figuraba en la orden de allanamiento. Intentó, sin éxito, que se declarara la nulidad del procedimiento.

Por su parte, Patricio Char y Candelaria Hernández, defensores de Navarro Flores, denunciaron que la versión oficial sobre una persecución policial era falsa. Char planteó además que su defendido habría estado apenas diez minutos con Sosa y cuestionó qué maniobras concretas para ocultar el cuerpo podrían haberse realizado en ese lapso. Ambos letrados se opusieron a la prisión preventiva, solicitando la libertad o arresto domiciliario.

El respaldo de la familia de la víctima

El abogado Carlos Garmendia, representante de la familia de Érika Álvarez, respaldó íntegramente la postura fiscal. Subrayó la doble gravedad del caso: la violencia extrema del femicidio y el despliegue posterior de acciones para borrar pruebas y garantizar la impunidad.

“No se sabe qué pasó con su ropa ni con su celular, por solo citar un ejemplo”, expresó Garmendia durante la audiencia, poniendo en evidencia las múltiples incógnitas que aún persisten en la investigación.

La decisión judicial y lo que viene

La jueza Apás Pérez de Nucci rechazó los planteos vinculados a la legalidad de las detenciones, aunque ordenó a la fiscalía analizar las denuncias formuladas por las defensas. Consideró que las evidencias presentadas eran suficientes para sostener las imputaciones y dispuso la prisión preventiva por tres meses para ambos acusados.

La magistrada recomendó además que se garantice el cuidado médico de Navarro Flores, quien padece diabetes insulinodependiente. Durante la audiencia, ambos imputados optaron por no prestar declaración, pero adelantaron que lo harán ante el fiscal Pedro Gallo, siguiendo el camino ya adoptado por Justina Gordillo, ex pareja de Sosa y procesada en la misma causa.

La investigación continúa su curso, con los investigadores admitiendo que todavía existen interrogantes y posibles derivaciones hacia otros involucrados en el encubrimiento del crimen que conmocionó a Tucumán.