La reforma de Salud Mental pasó el Senado, pero Bullrich pagó un precio alto por los votos

La reforma de la Ley de Salud Mental consiguió media sanción en la Cámara alta durante la madrugada de este viernes: 42 votos a favor y 21 en contra. El número final le sonríe al Gobierno, aunque detrás del resultado hubo una negociación que obligó a Patricia Bullrich a mover fichas que no tenía previstas.

El proyecto que impulsa la gestión de Javier Milei llegó al recinto con heridas abiertas. La Libertad Avanza sumaba el respaldo del PRO, la UCR y otros espacios dialoguistas, pero varios senadores pusieron condiciones antes de levantar la mano: querían garantías presupuestarias y cambios en la composición de los equipos profesionales. Bullrich tuvo que aceptar nuevas modificaciones, además de las que ya se habían incorporado en comisiones, para destrabar la votación y girar el texto a Diputados.

El episodio dejó a la vista un problema de fondo para el oficialismo: cómo modificar las reglas de atención sin que las provincias terminen cargando con más responsabilidades y con recursos propios.

El financiamiento, el punto que trabó todo

La plata fue el eje más conflictivo. Los senadores de las provincias exigían que la reforma fijara obligaciones concretas para el Estado nacional, con el temor de que los nuevos dispositivos de atención y las mayores exigencias profesionales quedaran bajo la órbita de los gobiernos locales.

La jefa del bloque libertario cedió: aceptó reforzar la obligación de cooperación técnica, económica y financiera de la Nación con las provincias y con la Ciudad de Buenos Aires. La nueva redacción habilita la posibilidad de firmar convenios bilaterales para definir los aportes destinados a implementar los cambios.

Esos recursos deberán coordinarse en el ámbito del Consejo Federal de Salud (COFESA) y apuntarán al fortalecimiento del personal, los dispositivos comunitarios y el desarrollo de la telemedicina, entre otras necesidades.

El tema ya había generado ruido en las comisiones: varios legisladores firmaron el dictamen de mayoría con disidencias porque consideraban insuficientes las garantías de financiamiento. El bloque Convicción Federal presentó su propio dictamen de minoría.

La senadora jujeña Carolina Moisés fue una de las voces más críticas. Cuestionó la posibilidad de ampliar las internaciones sin asegurar antes la infraestructura y los profesionales necesarios.

"Son necesarios los recursos para las provincias y que haya recursos para los centros comunitarios. Manteniendo en su propuesta, como en la de los libertarios, la internación involuntaria", sostuvo en diálogo con TN.

Moisés también puso el dedo en una de las preguntas centrales de la reforma: cómo se garantiza la atención de los pacientes si los establecimientos y los equipos siguen funcionando con limitaciones presupuestarias.

"Coincidimos en la necesidad de la internación obligatoria, sin embargo, si no están los espacios físicos ¿dónde van a internar a los enfermos? ¿Si no se establece el financiamiento adecuado, quienes van a atender a los pacientes en casos tan vulnerables?", planteó.

Para despejar esas objeciones, el oficialismo aceptó una redacción más precisa sobre las obligaciones nacionales y la posibilidad de acordar aportes con las distintas jurisdicciones. Aun así, la implementación efectiva de esos compromisos dependerá de los convenios y de los recursos presupuestarios disponibles, un punto que seguirá abierto cuando el proyecto llegue a Diputados.

Psicólogos y psiquiatras: el otro frente de la negociación

La segunda concesión importante tuvo que ver con quiénes integran los equipos que evalúan internaciones y altas médicas.

El proyecto original del Poder Ejecutivo le daba un papel central a los psiquiatras. La propuesta generó cuestionamientos de las facultades de Psicología y de representantes provinciales, que pedían preservar la intervención de los equipos interdisciplinarios.

La presión surtió efecto. El texto consensuado establece que la evaluación deberá contar con un médico, preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental, y con un segundo profesional que deberá ser psicólogo. Además, se reconoció la participación de estos profesionales en las evaluaciones y en las decisiones sobre el alta de los pacientes.

El cambio fue uno de los puntos que se discutieron entre la Nación y las provincias en el COFESA, donde varios representantes reclamaban una mayor equiparación entre ambas profesiones.

Al cierre del debate, Bullrich rechazó la confrontación entre psicólogos y psiquiatras: "Son dos miradas o formas de encarar el problema, pero ambas necesarias para encarar los trastornos de personas en una comunidad", afirmó.

Qué cambia con la reforma

El texto amplía los criterios para disponer internaciones involuntarias ante situaciones de riesgo grave para la vida o la integridad física de una persona o de terceros.

En los casos excepcionales en los que un solo médico indique una internación por riesgo grave, el plazo para revalidar la decisión mediante una evaluación interdisciplinaria pasa de 24 a 48 horas.

También se habilitan las teleconsultas en lugares donde no haya especialistas disponibles y se introducen cambios en el abordaje de los consumos problemáticos, con la inclusión de otras adicciones, como la ludopatía.

Pese a las modificaciones, el texto conserva dos principios de la legislación vigente: la prohibición de crear manicomios y el carácter excepcional de las internaciones.

El senador libertario Pablo Cervi defendió la iniciativa y sostuvo que permitirá actuar con mayor rapidez frente a situaciones críticas.

"Esta reforma busca saldar una deuda histórica con las personas que atraviesan problemas de salud mental y sus familias, permitiendo intervenir a tiempo y, cuando sea necesario, facilitar internaciones que eviten situaciones de riesgo para los propios pacientes y para terceros", afirmó.

El resultado fue favorable para el Gobierno, pero también dejó en claro el peso de los bloques dialoguistas a la hora de definir el texto. Bullrich consiguió los votos, aunque debió ceder en dos cuestiones sensibles: las obligaciones financieras de la Nación y el lugar de los psicólogos en las decisiones clínicas.

Ahora el proyecto pasa a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo deberá construir una nueva mayoría para convertirlo en ley.