La reforma de Salud Mental que impulsa Bullrich: internaciones, consumo problemático y el nuevo rol de las provincias

El Senado dio un paso clave para modificar la Ley Nacional de Salud Mental. Patricia Bullrich e Ivanna Arrascaeta ya negocian con las provincias y buscan consensos para un proyecto que promete cambios profundos.

La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, comenzó a tratarse este lunes en un plenario de las comisiones de Salud y de Legislación General, presididas por las senadoras oficialistas Ivanna Arrascaeta y Nadia Márquez. Las legisladoras libertarias iniciaron una ronda de conversaciones con otras fuerzas políticas y jurisdicciones para destrabar apoyos.

Reuniones con las provincias

Durante la jornada del lunes, las senadoras mantuvieron encuentros virtuales junto al ministro de Salud, Mario Lugones, y autoridades sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Chubut, Chaco y Jujuy.

Este martes continuarán las negociaciones con dos nuevas reuniones virtuales. Por la mañana participarán representantes de los ministerios de Salud de Salta, Santa Cruz, Río Negro, Tucumán, San Juan, San Luis, Neuquén y Misiones. Por la tarde, será el turno de la provincia de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Pampa, Córdoba, Catamarca y La Rioja.

Antes de estas instancias, el Senado ya había mantenido una reunión con funcionarios del área de Salud Mental del Ministerio de Salud. Además, se realizaron dos jornadas de exposiciones con más de 70 invitados, entre especialistas, organizaciones no gubernamentales, familiares de pacientes, asociaciones profesionales, funcionarios provinciales y trabajadores del área.

Los cambios que propone la ley

Uno de los puntos centrales es la incorporación, dentro del capítulo de Derechos y Garantías, de acciones de prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación, recuperación e inclusión comunitaria. Estas pautas funcionarían como un piso federal, por lo que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires podrán establecer regulaciones más favorables.

El proyecto también incorpora las denominadas Reglas Nelson Mandela, vinculadas al tratamiento de personas privadas de la libertad, como lineamientos para las políticas públicas.

Otro de los cambios más relevantes es la relación entre salud mental y consumo problemático de sustancias. La iniciativa integra este último dentro del abordaje y los tratamientos de salud mental.

En materia de derechos del paciente, se establece la posibilidad de consentir o rechazar tratamientos de manera anticipada. Además, la atención deberá estar a cargo de un equipo interdisciplinario, cuya conformación dependerá de la disponibilidad de recursos humanos de cada jurisdicción. También se habilita la teleconsulta como herramienta para ampliar la cobertura territorial.

Internaciones y altas

Respecto de las internaciones, se requerirá la firma de dos profesionales del servicio asistencial, uno de los cuales deberá ser médico y, preferentemente, psiquiatra. La internación involuntaria quedará limitada a los casos en los que exista un riesgo grave para la vida o la integridad física de la propia persona o de terceros.

La iniciativa también establece que el abordaje deberá adaptarse a la edad, el desarrollo cognitivo y la situación afectiva y mental de cada paciente.

En relación con las altas, se prevé que la decisión sea comunicada con una anticipación razonable al representante legal, cónyuge o conviviente, padres, hijos u otros familiares alcanzados por la normativa, con el objetivo de coordinar las condiciones de egreso. Los familiares, además, tendrán derecho a recibir información y orientación sobre el tratamiento.

Si la persona no cuenta con una red familiar o esta no puede asumir su cuidado, el Estado deberá garantizar los apoyos y dispositivos comunitarios necesarios.

Niños y adolescentes

El proyecto contempla además medidas de acompañamiento posteriores al alta, que podrán extenderse hasta seis meses mediante tratamiento ambulatorio. Durante ese período habrá un seguimiento judicial cada 30 días y el equipo tratante deberá informar al juez sobre la necesidad de mantener o modificar esas medidas.

Para niños, niñas y adolescentes, se incorpora un artículo específico sobre el consumo problemático de sustancias. La atención deberá realizarse mediante equipos con formación infantojuvenil y en dispositivos diferenciados de los destinados a adultos, mientras que la internación en unidades para mayores quedará restringida.

También se establecen principios de autonomía progresiva, derecho a ser escuchado, confidencialidad, abordaje familiar y no criminalización, además de mecanismos de coordinación entre la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) y las provincias.