La reforma de seguridad llega al recinto con la Corte y los abogados en contra

El proyecto de reforma del sistema de seguridad de Santa Fe entra en su recta final con una agenda cargada de audiencias y un texto que todavía genera resistencias. Después de escuchar a la Corte Suprema la semana pasada, la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados recibirá este miércoles por la tarde a un arco amplio de organizaciones, desde colegios de abogados hasta entidades de víctimas, con expectativas muy distintas según el interlocutor.

La idea del oficialismo es votar en la sesión del 29 de octubre. Queda poco más de una semana para limar asperezas, y el desafío no es solo técnico: también hay que aceitar acuerdos dentro de Unidos.

Quiénes pasan por la comisión

La ronda de este miércoles incluye al Colegio de Abogados de Rosario, al de Santa Fe, al Centro de Estudios e Investigación en Derechos Humanos de la UNR y a la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario. De este último sector se aguardan los cruces más duros.

Más tarde será el turno de la Asociación Civil Familiares de Víctimas contra la Inseguridad de Rosario, el Foro Contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe, la Red Puentes y la Red de Vecinales por Seguridad y Desarrollo Humano. En estos casos, la recepción de las observaciones tendría otro tenor, más cercano a acompañar el espíritu de la norma.

La defensa del oficialismo

El presidente de la comisión y vocero del proyecto, Martín Rosúa, salió a responder las críticas. “La política a veces tarda más en entender necesidades, pero es claro el apoyo social”, sostuvo el radical.

Para Rosúa, el punto de fricción es estructural: “Siempre habrá una tensión entre los derechos de la sociedad que quiere vivir en paz y los de los investigados, que no quieren que el Estado los pase por arriba. Se resuelve estudiando el texto y no con sesgo ideológico”.

El legislador también apeló a la experiencia acumulada: “Hay que mirar la primera etapa. Tuvimos cinco o seis leyes muy potentes que depararon esta misma discusión. Y tuvimos éxito en los resultados y ningún problema de exceso generalizado en la actuación de la policía o los fiscales”.

Los reparos que llegan desde la Corte

El corazón de las objeciones está en los procedimientos. Desde el máximo tribunal provincial advirtieron sobre la inconveniencia de ampliar facultades policiales y fiscales sin el filtro del juez. “Hay varias objeciones puntuales”, confiaron a La Capital.

Uno de los puntos más discutidos es el de las medidas coercitivas por decreto fiscal. La fiscalía podría imponer medidas no privativas de la libertad —vigilancia electrónica, restricciones de circulación, supervisión o cauciones— mediante un decreto fundado. El control judicial quedaría desplazado a una instancia posterior, y el imputado recién podría oponerse después de aplicada la medida.

El texto oficialista lo justifica así: “No afecta el derecho de defensa sino que reconfigura temporalmente su ejercicio”. Los juristas no lo ven igual.

También genera resquemores el procedimiento por decreto penal, pensado para delitos menores y contravenciones sin prisión efectiva, y para casos con prueba objetiva contundente. El fiscal pediría una condena sin audiencia previa, revisable por un juez solo si el condenado lo solicita.

El ministro de la Corte Daniel Erbetta fue uno de los más enfáticos en el rechazo. Aunque todavía no hay definiciones cerradas y la letra debe afinarse, se reclaman pautas objetivas, plazos claros y seguros para evitar cualquier vicio procesal.

Más poder para la policía: los tres puntos calientes

Entre los once puntos del proyecto, uno reintroduce la declaración informativa en las etapas iniciales de la investigación. Permite recolectar datos cuando todavía es prematuro definir si una persona es imputada o testigo.

Otro habilita el interrogatorio policial en los primeros momentos de la investigación y elimina la presencia obligatoria del defensor para la declaración del imputado.

Rosúa lo defiende con un ejemplo cotidiano: “En una escena del delito, la policía, para mantener la seguridad pública o para evitar que ese delito se siga consumando, interroga a los que están en ese lugar en los primeros diez minutos porque pueden terminar con ese delito o conducir la investigación. Es lo más natural del mundo que pregunte ni bien llega”.

Ante la objeción sobre posibles coacciones, el diputado aclara: “Si no quiere declarar, se pide un abogado defensor. Nadie va a habilitar ninguna coacción”. La discusión de fondo, admiten, pasa por la validez probatoria de esas declaraciones.

Rosúa insiste en que no se legisla sobre excepciones: “¿Es un problema generalizado (las nulidades)? Hoy en el procedimiento no tenemos causas constantes por nulidad de la policía o los fiscales y, si no es un fenómeno, no podemos legislar atendiendo eso. No es una ley de potenciar las facultades policiales sino para darle herramientas al Estado para modernizarse en la lucha contra el delito”.

El tercer foco de conflicto es el allanamiento automático por secuestro de armas. La norma faculta a allanar sin orden judicial cuando se secuestran armas de fuego o materiales controlados en la vía pública, con el argumento de que la demora del trámite judicial podría permitir ocultar evidencia.

“El control lo difiero, pero te doy la herramienta para que se actúe”, explicó Rosúa. Y remató: “¿No es sentido común que a una persona que encontrás con un arma o explosivo en la calle automáticamente le podés allanar la casa sin dilaciones?”.

La interna que falta resolver

El oficialismo confía en que el debate interno no descarrile la votación. “Podemos tener matices o miradas diferentes, pero respecto de todo el paquete anterior siempre la discusión en Unidos fue enriquecedora”, se ilusionó Rosúa.

Con la Corte, los abogados y las organizaciones de víctimas sentados a la misma mesa en apenas dos días, el texto que llegue al recinto el 29 de octubre difícilmente sea idéntico al que hoy circula.