La reforma del Banco Central que impulsa el Gobierno podría haber llevado a la cárcel a Milei y Caputo

El Gobierno envió al Congreso una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) que prohíbe de forma taxativa el financiamiento al Tesoro y se complementa con duras penas de prisión en el Código Penal para funcionarios que emitan para cubrir el déficit. Sin embargo, el texto legal contiene una contradicción insólita: de haberse aplicado bajo esta misma gestión, las operaciones de transferencia de utilidades impulsadas por Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, podrían encuadrar directamente en los delitos que la nueva norma busca castigar con la cárcel.

Tipificación penal para maniobras de la actual gestión

El proyecto de ley restringe al máximo la distribución de resultados contables al Tesoro y elimina mecanismos de asistencia indirecta, al tiempo que incorpora el Capítulo 7° al Código Penal ("Delitos que afectan la estabilidad fiscal y monetaria"). La norma tipifica como delito penado con cárcel el uso de artilugios o emisión para fondear las arcas públicas.

La contradicción surge al revisar el historial reciente de la administración nacional. Entre 2024 y 2026, la gestión de Milei y Caputo apeló de forma recurrente al giro de utilidades del BCRA para alimentar los ingresos fiscales y cancelar compromisos financieros, alcanzando un monto acumulado equivalente a U$S 24.200 millones ($ 36,4 billones de pesos).

Solo en 2025, el Banco Central transfirió $ 11,7 billones por el ejercicio anterior, cifra que representó el 40% de la base monetaria de aquel momento y sirvió para sostener el esquema cambiario sin refinanciamiento privado. De aplicarse con carácter retroactivo los artículos que el propio Gobierno busca promulgar, estas operaciones con giros de utilidades quedarían bajo la lupa de la justicia penal por emisión indebida y manipulación de partidas presupuestarias.

El "maquillaje contable" con Letras Intransferibles

Estudios técnicos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) detallaron que los montos girados no surgieron de ganancias reales por actividad financiera, sino de un revalúo o "maquillaje contable" orquestado desde el Palacio de Hacienda.

El mecanismo contempló cuatro etapas clave ejecutadas por el equipo económico:

- Mayo de 2024: Modificación arbitraria en la valuación contable de las Letras Intransferibles en el balance del BCRA.

- Abril de 2025: Endeudamiento con el FMI utilizando las Letras como justificación para nutrir de divisas a la autoridad monetaria.

- Mayo de 2026: Recompra de esas mismas Letras por parte del Tesoro usando ganancias no realizadas del BCRA generadas mediante emisión, aplicando una quita del 40% al valor técnico.

- Proyección 2027: Un nuevo diferencial positivo que reportará al menos $6 billones adicionales en utilidades de papel para volver a girar fondos al Poder Ejecutivo.

La tipificación que se busca incorporar en el Código Penal apunta precisamente a sancionar la creación de ganancias contables ficticias destinadas a eludir los límites de emisión, dejando al propio Presidente y a su ministro en una posición de vulnerabilidad jurídica frente a los estándares que intentan promover.

Las pruebas que derriban el discurso de la independencia

Aunque el oficialismo fundamenta la reforma en la necesidad de dotar de total independencia al Banco Central, la práctica cotidiana expone una subordinación directa a la Casa Rosada.

Uno de los antecedentes más contundentes ocurrió el 5 de octubre de 2025, cuando el propio Javier Milei admitió en una entrevista televisiva haber instruido al equipo económico para desarmar el esquema de Letras Fiscales de Liquidez (LEFI). "Convoqué a todo el equipo económico a Olivos (...) Hay que limpiar el pasivo del Banco Central. Yo los convencí y empezamos a limpiar las LEFI", confesó el mandatario, reconociendo una intromisión directa en competencias exclusivas del directorio monetario.

A este hecho se suman la previa sociedad comercial entre Caputo y el presidente del BCRA, Santiago Bausili —socios en la consultora Anker—, la vocería del Ministro de Economía comunicando el traslado de reservas de oro de la entidad y la permanencia "en comisión" de las autoridades del Central sin pliego aprobado por el Senado. Un entramado de dependencia institucional que contrasta severamente con la persecución penal que la nueva ley pretende inaugurar.