Un dirigente sindical de Rosario ya avisó qué pasará el día que el proyecto llegue al recinto del Senado. Detrás de la reforma que impulsan los gobernadores del Norte Grande hay una actividad que mueve cereales, barcazas y miles de empleos en el corazón agroexportador.
Los sindicatos que representan a los trabajadores de la Marina Mercante advirtieron que si el Senado trata la reforma del régimen de cabotaje, convocarán a un paro nacional y marcharán al Congreso. La iniciativa, respaldada por los gobernadores del Norte Grande y el Poder Ejecutivo, habilita que embarcaciones de bandera extranjera operen en rutas reservadas hoy a los buques argentinos.
“El día que baje al recinto se convoca a un paro nacional y movilizamos al Congreso”, afirmó Fernando Ramírez, secretario general de la Seccional Rosario del Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (Siconara).
El Senado avanzó el jueves 12 de noviembre con los dictámenes que buscan crear un nuevo Régimen de Cabotaje, Marina Mercante y Admisión Temporaria. Tras semanas de negociaciones entre bloques, el proyecto podría llegar al recinto en la sesión del próximo jueves 19 de noviembre.
Qué propone la reforma y por qué divide aguas
El texto presentado el 20 de octubre por la senadora Carolina Moisés, junto a legisladores de distintos espacios, plantea una apertura del transporte marítimo y fluvial. Aunque contempla excepciones para ciertas actividades, autoriza la participación extranjera en el movimiento de cargas secas, sobre todo cereales, minerales y contenedores.
Quienes la respaldan sostienen que reducirá los costos logísticos y mejorará la competitividad de las economías regionales. Para las provincias del Norte Grande, que deben recorrer grandes distancias para comercializar su producción, el transporte fluvial aparece como una alternativa para depender menos de los camiones. Durante el debate, Alejandro Cacace, secretario de Desregulación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, defendió la necesidad de aprovechar las vías navegables para mover más mercadería y abaratar los fletes.
El punto más conflictivo es la posibilidad de que naves extranjeras realicen cabotaje, una actividad reservada por regla general a los buques de bandera argentina: los registrados en el país, sujetos a la legislación nacional y vinculados a la generación de trabajo local.
El impacto directo en Rosario y el cordón industrial
Para la región, los cambios podrían golpear de lleno a los remolcadores de empuje, las barcazas y las empresas de la cadena del transporte fluvial. “Esta nueva reforma que impulsan los gobernadores apunta directamente a nuestra zona, al corazón de la actividad agroexportadora”, alertó Ramírez.
El dirigente señaló que la apertura se concentra en cargas que hoy mueven compañías y trabajadores argentinos. “Estamos hablando de cargas que hoy movilizan remolcadores de empuje y barcazas, con empresas y trabajadores argentinos, y que pretenden que pasen a ser transportadas por embarcaciones extranjeras, particularmente paraguayas”, sostuvo.
Ramírez también pidió que la discusión contemple la formación y la experiencia de las tripulaciones. Destacó el conocimiento del Paraná y la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo, y recordó el choque de embarcaciones frente a Rosario y el accidente de un remolcador contra el puente que une Chaco y Corrientes, donde trabajadores de otra nave participaron en la recuperación de las barcazas.
“No podemos discutir solamente cuánto cuesta transportar una carga sin tener en cuenta el valor del trabajo argentino y la responsabilidad que implica navegar nuestros ríos”, planteó.
Empresarios y astilleros también levantan la mano
Las objeciones no son solo sindicales. La Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) expresó su preocupación por las condiciones en que las compañías nacionales deberían competir con embarcaciones de países vecinos. En el debate del 28 de octubre en el Senado, el vicepresidente de la entidad, José Pablo Elverdin, marcó las diferencias impositivas, laborales y económicas entre los operadores. Su presidente, Gustavo D’Amico, reclamó condiciones más equilibradas para las firmas argentinas.
A esas voces se sumó Domingo Contessi, presidente de la Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata, quien advirtió sobre las consecuencias para los astilleros y la construcción de embarcaciones en el país.
El debate llegó incluso al terreno de la defensa nacional. Sectores navieros y la Liga Naval Argentina pidieron la intervención de la Comisión de Defensa del Senado, al considerar que la Marina Mercante cumple una función estratégica que va más allá del transporte comercial. Como antecedente mencionaron su participación en la guerra de Malvinas de 1982, cuando buques mercantes argentinos abastecieron y transportaron combustible y equipamiento, y aportaron información para las operaciones militares.
La contrapropuesta de Capitanich
Frente al proyecto de Moisés, el senador Jorge Capitanich presentó el Régimen Especial Temporal para el Fortalecimiento del Cabotaje Nacional y de la Marina Mercante Argentina (Retcan). La alternativa propone una apertura excepcional de 24 meses para determinadas actividades, con beneficios económicos y medidas para fortalecer la flota nacional y la incorporación de trabajadores argentinos. La iniciativa recibió mayor acompañamiento de los sectores sindicales, que piden mejoras de competitividad sin desplazar a las empresas locales.
Ramírez enmarcó la discusión en otros cambios que ya afectaron al sector, como los intentos de reforma de la Ley Federal de Pesca, el Decreto 340/2025 y la exclusión del personal embarcado del régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo. “Con el Decreto 340 logramos que la situación de la Marina Mercante se conociera en todo el país mediante paros nacionales y movilizaciones. Esa lucha permitió que el Congreso rechazara el decreto. Ahora volvemos a encontrarnos con una propuesta que pone en discusión el futuro del transporte fluvial argentino”, expresó.
La arena del Paraná, otro frente abierto en Santa Fe
En la provincia, el alcance de la reforma excede el movimiento de granos. La extracción y el transporte de arena del Paraná abastecen a la construcción y sostienen una red de embarcaciones, trabajadores y empresas. Un ejemplo de ese volumen fue el acondicionamiento del balneario La Florida, en Rosario, que en enero de 2026 demandó el traslado de 50.000 metros cúbicos de arena mediante 50 embarcaciones. En paralelo, la provincia avanza en la recuperación de la Terminal I de Villa Constitución, con una inversión privada prevista de u$s 4,5 millones, también destinada a facilitar el movimiento de arena y áridos vinculados a Vaca Muerta.
El transporte de arena no figura entre las actividades que el proyecto reserva expresamente a la bandera argentina. Eso abre interrogantes sobre las condiciones de competencia para las embarcaciones nacionales y el futuro del empleo en el sector. La extracción, por su parte, sigue sujeta a las autorizaciones y regulaciones correspondientes.