La renuncia de Adorni deja a Milei frente a un espejo incómodo: ¿valió la pena defenderlo?

La salida de Adorni expone las grietas del oficialismo. ¿Hasta dónde llegará la protección de Milei a sus funcionarios?

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Manuel Adorni renunció como jefe de Gabinete y ahora Javier Milei deberá evaluar si su férrea defensa de un funcionario investigado por enriquecimiento ilícito le pasó factura al Gobierno.

En una carta difundida en redes sociales, Adorni apeló a la épica personal y aseguró: “No hay un solo hecho sobre mis espaldas”. Sin embargo, su salida estuvo precedida por denuncias, contradicciones y un escándalo que creció día a día.

¿Por qué el Gobierno aceptó la renuncia?

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, salió a respaldarlo públicamente: lo definió como “una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros”. Pero en los pasillos de Casa Rosada saben que la situación era insostenible. Sin apoyo en el Congreso y con una causa judicial en curso, los Milei optaron por un mensaje de circunstancias para evitar admitir la crisis.

Adorni deja un rastro de explicaciones endebles: inversiones en criptomonedas, viajes pagados por terceros, dólares aparecidos en su casa y préstamos de una policía jubilada. Su escribana, que lo conoce desde hace dos décadas, declaró que no había hecho operaciones inmobiliarias antes de llegar al Gobierno.

El patrón de defensa de Milei

No es la primera vez que el Presidente apuesta por un funcionario cuestionado. Ocurrió con José Luis Espert, investigado por blanquear dólares de un narco, a quien Milei calificó de “víctima de una campaña mediática”. Ahora, con Adorni, la historia se repite: lo sostuvo hasta el final y solo empezó a soltarlo cuando el Congreso amenazó con expulsarlo.

El viernes, desde España, Milei dijo: “Si la Justicia lo declara culpable, lo eyecto de una patada, pero yo creo en su honestidad”. Horas después, en el Gobierno circularon versiones de que “se va él, nadie lo echa”.

En sus últimos días, Adorni dejó nuevas pistas: según La Nación, compró consolas de videojuegos con tarjetas de crédito de empleados de Vocería Presidencial. Un detalle que se suma a una lista de conductas sospechosas.

Con la salida de Adorni, el Gobierno enfrenta un dilema: reparar la credibilidad perdida y decidir si vale la pena seguir defendiendo lo indefendible.

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