La Rioja congeló las tarifas para que los aumentos no golpearan el bolsillo, pero CAMMESA no lo dejó pasar: la llevó a la Corte Suprema y pidió que los usuarios paguen la diferencia. ¿Quién gana?
La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la Provincia de La Rioja para que se declare inconstitucional el congelamiento de tarifas eléctricas dispuesto por el gobierno provincial. La acción apunta contra el Decreto de la Función Ejecutiva Provincial de 2024 y la Resolución Ministerial N° 133/2024, que frenaron el traslado de los aumentos nacionales a los usuarios riojanos.
El Asesor General del Gobierno de La Rioja, Pedro Goyochea, confirmó que la provincia fue notificada la semana pasada sobre la presentación judicial de la mayorista eléctrica.
Qué reclama CAMMESA y por qué pide una cautelar
En su escrito, CAMMESA sostiene que el costo del servicio eléctrico debe recaer exclusivamente en los usuarios finales y cuestiona la potestad del Gobernador para dictar actos administrativos que alteren el traslado del cuadro tarifario nacional.
Junto con la demanda de fondo, la empresa solicitó una medida cautelar para que la Corte suspenda de inmediato el congelamiento tarifario y ordene el traslado automático de los aumentos a las facturas de los consumidores riojanos mientras se sustancia el juicio.
«La Corte recepcionó la demanda, pero la cautelar no fue resuelta porque se le corrió traslado a la Provincia. Recién una vez que La Rioja evacúe ese traslado, el tribunal se abocará a definir la medida cautelar», explicó Goyochea.
Los plazos que maneja la Corte
El trámite es un juicio ordinario, por lo que la resolución no será rápida. Según los tiempos procesales vigentes:
- Febrero de 2025: vence el plazo para que la Provincia de La Rioja responda la demanda.
- 15 días hábiles posteriores: plazo con el que contará la Corte Suprema para definir si concede o no la medida cautelar solicitada por CAMMESA.
- Hasta 1 año: tiempo estimado para un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad de la medida provincial.
La respuesta de La Rioja: «acción de disciplinamiento»
Desde la Asesoría General del Gobierno riojano cuestionaron la vía técnica elegida por CAMMESA. Calificaron como «curiosa» la presentación de una acción declarativa de inconstitucionalidad directamente en la Corte sin que exista un reclamo judicial previo por deudas o fondos específicos.
Goyochea remarcó que el decreto provincial no desconoce la obligación de pago: «El decreto suspende la aplicación del cuadro tarifario a los usuarios, pero no desconoce el derecho a percibir la diferencia. La deuda la asume el Estado provincial».
Por último, el funcionario enmarcó el accionar de CAMMESA dentro de una estrategia política impulsada desde el ámbito nacional: «Surge claramente una mirada que forma parte de una decisión política a nivel nacional. Creemos que estamos ante una acción de disciplinamiento».
