La Rioja declara la emergencia crediticia: qué significa para las familias endeudadas

El Gobierno de La Rioja activó una batería de medidas para contener el sobreendeudamiento de las familias y frenar prácticas abusivas en el otorgamiento de créditos. La decisión, que incluye una emergencia crediticia por 180 días, ya fue ratificada por la Legislatura provincial.

El decreto de necesidad y urgencia N° 1293, firmado por el gobernador Ricardo Quintela, establece un régimen de protección para usuarios de servicios de crédito para consumo. Así lo confirmó el asesor General de Gobierno, Dr. Pedro Goyochea, en diálogo con Medios Provincia.

¿Qué implica la emergencia crediticia?

La medida busca prevenir prácticas abusivas y combatir la usura, además de brindar herramientas a quienes no pueden afrontar sus deudas. Según Goyochea, el diagnóstico previo realizado por equipos técnicos del gobierno provincial evidenció la necesidad de una política pública permanente en esta materia.

El nuevo régimen contempla mecanismos de orientación, denuncia, conciliación, mediación y autocomposición a través de la Subsecretaría de Comercio Interior y Defensa del Consumidor. De esta manera, los deudores en mora o en proceso de refinanciación podrán acudir a esa dependencia para buscar acuerdos razonables y evitar, en lo posible, embargos o ejecuciones de bienes.

¿A quiénes alcanza la protección?

La herramienta no se limita a los bancos tradicionales. También podrá intervenir en conflictos con fintech, billeteras virtuales y casas de préstamos, siempre que existan condiciones abusivas en los procesos de refinanciación. El objetivo es impedir que comisiones, honorarios y otros cargos conviertan una deuda en un esquema creciente e incobrable.

La emergencia crediticia funciona de manera complementaria con la ley que suspende las ejecuciones prendarias por 180 días, generando una ventana de tiempo para que las partes lleguen a acuerdos.

Usura: también habrá intervención penal

Goyochea remarcó que el régimen contempla situaciones de usura, amenazas o presiones de prestamistas particulares. En esos casos, la autoridad de aplicación podrá formular de oficio la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal cuando detecte conductas que puedan constituir delito.

El funcionario señaló que estas prácticas no se limitan a la capital provincial, sino que también se registran en el interior. Además, destacó el accionar de la Policía ante este tipo de situaciones y diferenció entre una denuncia formal y la posibilidad de generar una alerta preventiva, preservando la identidad del informante cuando corresponda.

“La toma de crédito no puede convertirse en una condena”

Goyochea sostuvo que las nuevas herramientas buscan que las familias puedan cumplir con sus compromisos sin quedar atrapadas en un círculo de endeudamiento. “La toma de crédito no se vuelva una condena para la familia, sino una vía para poder amortiguar la difícil situación que se atraviesa”, expresó.

Finalmente, cuestionó el impacto social de la desregulación de las tasas de interés y planteó que, ante un contexto de endeudamiento creciente, el Estado debe intervenir para proteger a los sectores más vulnerables.