Landriel Oviedo vive en Chuquis y perdió tres trabajos por su diagnóstico. Este martes contó cuánto le cuesta viajar para retirar la medicación y qué encontró en la Legislatura cuando fue a pedir respuestas.
La Fundación YACUYAS reclamó que la Legislatura trate un proyecto de respuesta integral al VIH que lleva cuatro años sin ingresar a comisión. Sus referentes advirtieron que la provincia no tiene un programa específico y que la asistencia se limita a la atención biomédica.
Landriel Oviedo y Yacurmana De la Puente expusieron la situación en el programa Decilo de Frente. Allí plantearon que el abordaje del VIH excede la entrega de medicamentos: también implica garantizar alimentación, transporte, vivienda, diagnóstico, confidencialidad y acompañamiento social.
“Hace cuatro años que estamos esperando que la Legislatura ingrese a comisión y trate los proyectos de ley que nunca fueron presentados en comisión”, cuestionó Oviedo. Y resumió el sentido del reclamo: “Detrás de esto hay vida humana”.
Los números que preocupan
Según señaló el integrante de YACUYAS, La Rioja es la segunda provincia del país en tasa de transmisión de VIH y duplica la media nacional. A eso sumó el crecimiento de otras infecciones de transmisión sexual: mencionó que los casos de sífilis se quintuplicaron, en línea con lo que ocurre en el resto del país.
Para el referente, el escenario se agrava porque no existe un programa provincial específico. Actualmente funciona el SINILAR, un centro de atención dependiente del área de Epidemiología que garantiza asistencia, pero que no constituye un programa integral con objetivos y políticas sostenidas.
“Hay obviamente atención garantizada, pero no hay un programa con metas que no solamente se dedique a la atención específicamente biomédica, sino que dé respuesta integral”, explicó.
La pensión que no alcanza
Oviedo describió las dificultades de quienes viven con VIH en situación de vulnerabilidad económica. Tienen garantizado el acceso a la medicación que envía el Ministerio de Salud de la Nación y una pensión no contributiva de 305 mil pesos, según las cifras mencionadas en la entrevista. La canasta básica provincial, en cambio, se estima en 900 mil pesos.
La situación se complica aún más cuando una persona necesita asistencia social adicional: al solicitar determinados programas puede encontrarse con restricciones por percibir una pensión. “Tenés que comer y tomar las pastillas todos los días”, resumió.
El planteo tiene una dimensión de salud pública, porque una persona que mantiene el virus controlado no lo transmite por vía sexual. Consultada sobre si quien toma su medicación contribuye a la salud pública, Oviedo respondió: “Absolutamente”.
Viajar para tratarse: el costo del interior
Quienes reciben un diagnóstico presuntivo mediante un test rápido deben completar el proceso para obtener el diagnóstico definitivo y comenzar el tratamiento en el CINILAR, el Centro Integral de Infecciones La Rioja, ubicado en la Capital. Eso obliga a trasladarse a quienes viven en Villa Unión, Chepes, Chamical, Chilecito, Aimogasta u otras localidades.
Oviedo relató su propia experiencia desde Chuquis y las dificultades de viajar cuando no hay transporte público diario. También marcó diferencias entre el sistema público, que puede entregar medicamentos para dos o tres meses, y la obra social APOS, donde debe hacer gestiones mensuales para obtener la receta y retirar la medicación.
En su caso, estimó que los cuatro viajes necesarios durante el mes representan alrededor de 100 mil pesos, con un boleto de 14 mil pesos por trayecto. Ese gasto, sobre un ingreso de 305 mil pesos, puede volverse un obstáculo determinante. “Eso hace que un montón de personas no la busquen, y esa es nuestra mayor preocupación”, advirtió.
Por eso la Fundación reclama que el proyecto contemple garantías mínimas de transporte gratuito y asistencia alimentaria para quienes lo necesitan.
Los que nacieron con el virus
Uno de los pasajes más sensibles de la entrevista fue el de alrededor de 30 personas que sobrevivieron a la transmisión vertical del VIH, es decir, que nacieron con el virus o lo adquirieron durante la lactancia materna. Oviedo describió la vulnerabilidad que atraviesan: la mayoría son huérfanos y no tienen una red familiar que les garantice condiciones dignas de vida.
“Viven en casillas de tarima y nylon”, expresó al describir algunas de las situaciones que acompañan desde la organización.
YACUYAS plantea que estas personas sean incorporadas de manera prioritaria en los criterios de asignación de viviendas. Oviedo aclaró que no piden una adjudicación exclusiva, sino que su situación sea considerada como una variable al distribuir las soluciones habitacionales.
Su argumento apunta a una responsabilidad histórica: cuando un niño nace con VIH por una transmisión que pudo prevenirse, también debe analizarse la ausencia de controles y respuestas sanitarias oportunas. “Un niño o niña que nace con el virus, el responsable de esa transmisión es el Estado. Fue la provincia que no garantizó los controles a tiempo”, sostuvo.
Discriminación y miedo al diagnóstico
La discriminación aparece como una barrera concreta para acceder a derechos básicos. Oviedo contó que algunas personas con VIH perdieron sus empleos después de que sus empleadores o compañeros conocieran el diagnóstico. Relató el caso de alguien que trabajaba en gastronomía y que, cada vez que era reconocido por su historia personal, sufría situaciones que afectaban su continuidad laboral.
También compartió su propia experiencia: “Yo he perdido tres trabajos en relación a mi diagnóstico”.
El temor a que se conozca la condición de salud es especialmente fuerte en una provincia con comunidades pequeñas, donde muchos se conocen entre sí. Eso repercute en el acceso a los controles: hay personas que evitan hacerse un test en los centros de salud porque temen que la información no sea confidencial.
“Que una persona no pueda acceder a un sistema de salud porque tiene miedo de que su diagnóstico sea develado, habla más del sistema de salud que de la persona”, reflexionó.
Qué propone el proyecto
De la Puente aclaró el alcance de la iniciativa: no se trata de adherir formalmente a la ley nacional 27.675, sino de construir una respuesta integral adaptada a las necesidades de La Rioja. La propuesta contempla la creación de un programa provincial de VIH y herramientas para articular acciones de salud, desarrollo social, educación y otras áreas del Estado.
Remarcó que las problemáticas vinculadas al VIH y a las personas trans no pueden quedar concentradas en una sola secretaría con recursos limitados, sino que deben abordarse de forma transversal.
También recordó que la Fundación trabaja en capacitación institucional y en la formación de personas para acceder a oportunidades laborales, como el acompañamiento a una postulante que logró ingresar por concurso al Ministerio Público Fiscal mediante el cupo laboral trans. En ese marco, ambos referentes cuestionaron que los proyectos sobre el cupo laboral travesti-trans y la respuesta integral al VIH sigan sin avanzar.
Oviedo agregó que la organización elaboró una propuesta de política pública cuyo costo estimado para la provincia sería inferior a los 4.000 pesos anuales por habitante, y que contempla VIH, hepatitis virales, tuberculosis y otras infecciones de transmisión sexual.
Para él, la discusión no es una demanda exclusiva de quienes viven con el virus, sino una política que protege al conjunto de la sociedad. “La mejor manera de controlar una epidemia es garantizando el cuidado, no únicamente de las personas que la están pasando, sino del resto de la población”, sostuvo.
Un diagnóstico oportuno, el acceso sostenido a la medicación y las condiciones para cumplir los tratamientos evitan nuevas transmisiones y complicaciones que pueden derivar en internaciones prolongadas. Oviedo también cuestionó la reacción social: “Nos asombramos de una patota de personas corriendo personas trans, pero no nos asombramos de que las personas que viven con VIH no tengan garantía de alimentos”.
