La Rioja lanza una moratoria que permite saldar deudas en hasta 24 cuotas: quiénes pueden acceder

El gobierno de La Rioja aprobó un régimen especial que habilita a contribuyentes, comerciantes, productores y empresas a regularizar sus deudas tributarias con la provincia. El plan incluye financiación de hasta 24 cuotas y beneficios que varían según la modalidad de pago elegida.

La medida fue impulsada por el gobernador Ricardo Quintela y recibió luz verde este jueves en la Cámara de Diputados. El objetivo es facilitar que quienes mantienen obligaciones pendientes puedan ponerse al día, en un contexto económico que complica el cumplimiento de los pagos.

¿Qué impuestos alcanza la moratoria?

El régimen cubre deudas correspondientes a los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Automotor e Inmobiliario, además del aporte extraordinario. Se trata de una herramienta excepcional que no modifica las obligaciones vigentes ni implica una reducción general de tributos.

Según lo establecido, los beneficios serán mayores para quienes opten por cancelar sus deudas en plazos más cortos. La iniciativa busca acompañar a aquellos que tienen voluntad de pago pero atraviesan dificultades reales para cumplir.

¿Por qué surgió esta medida?

El proyecto nació como respuesta a un pedido concreto del sector comercial. El ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Fabián Blanco, había anticipado que “los comercios solicitaron la posibilidad de una moratoria”.

En ese marco, el Ejecutivo provincial elaboró la propuesta y la presentó ante la Legislatura. “Hemos presentado un proyecto a la Cámara de Diputados para que pronto podamos tener un plan de pagos para que la mediana y pequeña empresa pueda acceder, entendiendo que hay voluntad de pago”, señaló Blanco.

La moratoria apunta especialmente a pequeños y medianos comercios, productores y empresas que enfrentan complicaciones para sostener sus obligaciones. La idea es compatibilizar la necesidad de recursos del Estado con la realidad de quienes producen y comercializan en la provincia.

Tras la aprobación legislativa, ahora resta la implementación del régimen y la puesta en marcha de los mecanismos para que los contribuyentes puedan adherirse y acceder a las alternativas de regularización previstas.