La Rioja prepara una nueva ley para adultos mayores: ¿qué cambiará con la norma que regirá desde 2026?
La Rioja busca actualizar su ley de protección para adultos mayores con una norma que se alinea con estándares internacionales. ¿Qué pasos faltan para su aprobación?
La provincia de La Rioja avanza en la elaboración de una nueva Ley Integral de Protección para Personas Mayores, una iniciativa que busca actualizar la normativa vigente desde 2014 y que promete alinearse con los estándares internacionales de derechos humanos. El anteproyecto ya fue presentado formalmente y ahora espera el visto bueno del Poder Ejecutivo para llegar a la Cámara de Diputados.
El proyecto, impulsado por la Dirección General de Adultos Mayores y la UPAM, bajo la dirección de Marcela Fernández, tiene como objetivo reemplazar la actual Ley 9.623, sancionada en 2014. Según las autoridades, dicha normativa había quedado obsoleta frente a las problemáticas actuales que enfrenta la población mayor.
¿Cómo se gestó la nueva propuesta?
El proceso de elaboración se destacó por su carácter federal, participativo e interdisciplinario. El equipo técnico recopiló información clave y recibió aportes de numerosas instituciones de la Capital, organismos gubernamentales y áreas especializadas en la atención de adultos mayores. De esta manera, se logró plasmar una normativa acorde a los tiempos modernos.
El eje central de esta nueva legislación es su total consonancia con la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, un tratado que en la provincia de La Rioja posee rango constitucional. Esto garantizaría un marco legal más sólido y actualizado para la protección de este sector de la población.
¿Cuáles son los próximos pasos legislativos?
El anteproyecto ya fue presentado de manera formal por el Ministerio de Desarrollo Social ante la Asesoría General de Gobierno. Ahora, la iniciativa quedó a la espera de que el Poder Ejecutivo tome la decisión política de girarla a la Cámara de Diputados para su debate y tratamiento definitivo.
De aprobarse, la nueva ley consolidaría un merecido reconocimiento y una protección integral para las personas mayores de la provincia, un avance significativo en materia de derechos humanos y políticas públicas.
