La Ruta 3 entra en la mira: los tramos de Santa Cruz que podrían pasar a manos privadas

El Gobierno nacional abrió la puerta a que la Ruta Nacional 3 tenga peajes en distintos tramos de Santa Cruz y Chubut. La medida quedó plasmada en el Decreto 1358/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, y publicado este viernes 13 de noviembre en el Boletín Oficial.

La norma suma 27 rutas de la Red Vial Nacional al programa Red Federal de Concesiones, un esquema que le permitirá a empresas privadas hacerse cargo de la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los corredores, con el cobro de tarifas y peajes como fuente de financiamiento.

Qué rutas patagónicas entran al esquema

Entre las vías alcanzadas aparece la Ruta Nacional 3, que cruza Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz. A esa arteria se le suman las rutas nacionales 25 y 26, ambas dentro del territorio chubutense.

La 25 conecta la zona costera con el interior de la provincia, mientras que la 26 funciona como corredor entre Comodoro Rivadavia y las localidades cordilleranas. Para la Patagonia, la Ruta 3 es clave: por ahí circula el transporte de pasajeros, se mueve la carga y se sostiene buena parte de la actividad productiva regional.

En Santa Cruz, esa ruta es uno de los ejes principales y une Caleta Olivia, Puerto San Julián, Comandante Luis Piedra Buena y Río Gallegos, además de conectar la provincia con el resto del país. El tramo más transitado es el que va de Caleta Olivia a Comodoro Rivadavia, donde hace años se proyectó una autovía que nunca se concretó por demoras en las obras licitadas y por causas judiciales por corrupción.

Los tramos todavía no están definidos

El anexo del decreto identifica a la Ruta 3 como uno de los corredores que podrán incorporarse al sistema de peaje, con jurisdicción en las tres provincias. Pero el documento no precisa qué kilómetros quedarán bajo administración privada en cada distrito.

Esa delimitación quedará en manos del Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, y se hará con un informe técnico previo de la Dirección Nacional de Vialidad.

El artículo 1° de la normativa dispone que las rutas del anexo serán objeto de concesión por peaje bajo el régimen de la Ley 17.520 y sus modificatorias. El alcance abarca la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los caminos, la prestación de servicios a los usuarios y hasta explotaciones complementarias o colaterales que generen ingresos extra.

Un punto central: que una ruta figure en el listado no significa que todo su recorrido quede concesionado automáticamente. El artículo 2° establece que la Secretaría de Transporte definirá la conformación de cada tramo, que podrá comprender la totalidad o solo una parte de las rutas incluidas. Además, los sectores que se sumen a esta etapa no podrán superponerse con los que ya estén dentro de concesiones vigentes.

Licitación en un año y el rol de Vialidad

El decreto fija que el Ministerio de Economía, por medio de la Secretaría de Transporte, deberá convocar a una Licitación Pública Nacional e Internacional en un plazo de 12 meses desde la entrada en vigencia de la medida.

La cartera económica se ocupará de elaborar y aprobar los pliegos de bases y condiciones, de llamar a los procesos licitatorios, de evaluar las ofertas y de adjudicar los contratos. La Dirección Nacional de Vialidad será la autoridad de aplicación de esos contratos y tendrá a su cargo la supervisión y el control del cumplimiento de las obligaciones de las empresas adjudicatarias. Antes de definir los sectores, el organismo deberá producir los informes técnicos que establezcan la conformación de los corredores.

Las provincias, por su parte, podrán licitar y adjudicar concesiones, definir planes de obra y mantenimiento, armar esquemas de financiamiento con peajes y firmar contratos con empresas privadas, mixtas o entes públicos. Hasta ahora no se conoce que Santa Cruz haya avanzado en ese sentido.

Las 27 rutas y accesos incluidos

El anexo del Decreto 1358/2026 identifica 27 rutas y accesos nacionales repartidos en 16 provincias:

Ruta Nacional 3: Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz.
Ruta Nacional 9: Córdoba, Santiago del Estero y Jujuy.
Ruta Nacional 11: Santa Fe, Chaco y Formosa.
Ruta Nacional 12: Entre Ríos.
Ruta Nacional 14: Corrientes y Misiones.
Ruta Nacional 16: Santiago del Estero, Chaco y Salta.
Ruta Nacional 22: Buenos Aires y La Pampa.
Ruta Nacional 25: Chubut.
Ruta Nacional 26: Chubut.
Ruta Nacional 33: Buenos Aires.
Ruta Nacional 34: Jujuy y Salta.
Ruta Nacional 35: Buenos Aires, La Pampa y Córdoba.
Ruta Nacional 38: Córdoba y La Rioja.
Ruta Nacional 50: Salta.
Ruta Nacional 60: Córdoba.
Ruta Nacional 81: Formosa.
Ruta Nacional 86: Formosa.
Ruta Nacional 89: Chaco y Santiago del Estero.
Ruta Nacional 120: Corrientes.
Ruta Nacional 121: Corrientes.
Ruta Nacional 122: Corrientes.
Ruta Nacional 151: La Pampa.
Ruta Nacional 152: La Pampa.
Ruta Nacional 158: Córdoba.
Ruta Nacional 228: Buenos Aires.
Ruta Nacional 237: Neuquén.
Acceso A0017: Buenos Aires.

Con esta disposición, el Ejecutivo nacional amplía el alcance de la Red Federal de Concesiones, el programa con el que busca transferir al sector privado la operación y el mantenimiento de distintos corredores viales del país.