La ruta de la cocaína que terminó en un lavadero de Río Gallegos y salpica a Lázaro Báez

La Justicia federal desplegó 27 allanamientos en Santa Cruz y Buenos Aires en el marco de dos causas que investigan narcotráfico y lavado de activos, y una de las líneas apunta a una presunta estructura encabezada por Lázaro Báez, actualmente detenido.

Los procedimientos comenzaron el lunes 9 de noviembre y continuaban este martes. Fueron ordenados por el juez federal de garantías Claudio Marcelo Vázquez, a partir de requerimientos de la Unidad Fiscal Río Gallegos y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

Camiones, cocaína y un lavadero en la mira

La primera investigación apunta a una presunta organización criminal que habría utilizado camiones de una empresa transportista para trasladar cocaína. Según la hipótesis fiscal, las maniobras se habrían desarrollado al menos desde diciembre de 2025, aprovechando la circulación habitual de las unidades afectadas a la actividad comercial de la firma.

Dentro de esa estructura, los investigadores identificaron a dos hombres que estarían a cargo de la distribución del material estupefaciente. Uno de ellos tendría a su cargo un lavadero ubicado sobre la calle Spilimbergo, en Río Gallegos, que habría sido utilizado como punto para concretar las entregas.

Ese lugar aparece como una de las referencias territoriales más importantes de la causa, ya que, según la hipótesis judicial, allí se habrían realizado operaciones vinculadas con la distribución de la droga.

La pesquisa no se limita al traslado de estupefacientes. A partir de los elementos reunidos en la primera etapa, los fiscales profundizaron otra línea que derivó en una segunda causa, por presunto lavado de activos.

La conexión con Lázaro Báez

La segunda investigación surgió como un desprendimiento de la causa por narcotráfico y tiene como eje la posible existencia de una organización dedicada a administrar, explotar y poner en circulación bienes de origen ilícito.

Según la hipótesis fiscal, esa estructura estaría encabezada por el empresario Lázaro Báez, actualmente detenido, y habría tenido como finalidad sustraer determinados activos de la ejecución de las condenas judiciales que pesan sobre él.

En otras palabras, los investigadores intentan establecer si existió una estructura organizada para mantener bajo administración, explotación o circulación bienes que podrían haber quedado alcanzados por las consecuencias patrimoniales de las sentencias judiciales.

La presunta maniobra habría requerido la participación de distintas personas capaces de intervenir en la administración y el movimiento de esos activos, una cuestión que ahora está bajo análisis de los organismos judiciales.

Uno de los puntos más sensibles del expediente es la posible superposición de integrantes entre ambas organizaciones investigadas. De acuerdo con la información oficial, uno de los sospechosos que formaría parte de la estructura dedicada al manejo de activos sería también quien estaría identificado como presunto líder de la banda vinculada al narcotráfico en Santa Cruz.

Un operativo en distintos puntos de Santa Cruz y Buenos Aires

Los procedimientos ordenados por el juez Vázquez comprendieron 27 allanamientos y otras medidas judiciales desplegadas principalmente en Río Gallegos, El Calafate, establecimientos rurales de Santa Cruz y distintos puntos de Buenos Aires.

El operativo requirió la participación coordinada de distintas fuerzas de seguridad. Intervinieron efectivos de Narcocriminalidad e Investigaciones de la Policía de Santa Cruz, junto con personal de la Prefectura Naval Argentina y de Gendarmería Nacional.

Como resultado de los procedimientos realizados en sucursales de inmobiliarias, casas particulares —incluyendo la vivienda de Lázaro Báez en El Calafate—, se secuestraron estupefacientes, documentación y diversos vehículos que estarían vinculados con las personas investigadas en ambas causas. También se incautaron otros elementos considerados de interés para el avance de los expedientes.

El material reunido será sometido a los análisis correspondientes para determinar su vinculación con las maniobras investigadas. En particular, la documentación y los registros que puedan surgir de los procedimientos tendrán un papel importante para reconstruir las relaciones económicas, comerciales y personales entre los sospechosos.

Levantamiento del secreto bancario y seguimiento patrimonial

Además de los allanamientos y secuestros, la Justicia dispuso una serie de medidas cautelares patrimoniales sobre los involucrados. Entre ellas se encuentran embargos y otras restricciones destinadas a resguardar bienes mientras se profundiza la investigación.

También se ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de las personas alcanzadas por las medidas judiciales, una herramienta que permitirá a los investigadores acceder a información sobre movimientos financieros, operaciones económicas y registros impositivos.

Estas disposiciones fueron requeridas por los fiscales Julio Zárate y Diego Velasco, quienes intervienen en la investigación junto con el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Río Gallegos y la PROCELAC.

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