La Sala Penal quiere que los presos vuelvan a recibir visitas sin la traba de la pandemia

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) le pidió formalmente al Servicio Penitenciario que deje sin efecto una circular que rige desde la época del coronavirus y que restringe el ingreso de familiares a las cárceles de la provincia. Para los vocales, la norma ya cumplió su ciclo y hoy contradice lo que establece la ley.

El planteo lo hicieron los magistrados Miguel Ángel Giorgio, Daniel Carubia y Claudia Mizawak durante una reunión con las autoridades penitenciarias, entre ellas el director general del Servicio, inspector general Aníbal Alejandro Miotti, y el subdirector inspector general Santiago García. También participaron el director general de Integridad Profesional, Raúl Avero, y la directora principal de Tratamiento Penitenciario, Mariela Pérez.

Qué dice la norma que la Sala quiere derogar

El régimen de visitas está regulado por la Ley de Ejecución Penal y por las disposiciones de la Dirección General del Servicio Penitenciario. La circular cuestionada exige la acreditación previa del vínculo familiar antes de permitir el ingreso, un mecanismo que se implementó durante la pandemia y que, según la Sala, ya no tiene razón de ser.

Desde el Servicio Penitenciario defendieron la restricción con argumentos de seguridad: sostienen que una ampliación significativa de visitantes complicaría las tareas de control, identificación y verificación de los vínculos. Frente a eso, los vocales reclamaron que se garantice la visita de familiares y allegados tal como lo marca la ley vigente.

Alimentación y condiciones de alojamiento, los otros ejes

La reunión también sirvió para revisar las condiciones en las que viven los internos. Las autoridades informaron sobre las medidas adoptadas ante planteos por el alojamiento y detallaron cómo funciona el sistema de alimentación: cada unidad tiene un presupuesto asignado para comprar insumos a proveedores locales, con los que se arma un menú semanal que contempla dietas especiales por razones de salud. Según el informe, el área de Sanidad de cada unidad supervisa esa alimentación.

Además, se aclaró que el área de Servicio Social mantiene entrevistas periódicas con las personas privadas de libertad y que, cuando hace falta, se gestionan acercamientos familiares a otras unidades penales. La institución remarcó que no se responsabiliza por el traslado de los allegados, aunque aseguró que promueve el acercamiento a cárceles cercanas al domicilio y las videollamadas para no agravar las condiciones de detención.

Tobilleras electrónicas: 216 personas monitoreadas y capacidad al límite

En paralelo, la Sala Penal recibió un informe del Centro de Monitoreo Electrónico que revela que el sistema está prácticamente saturado. El documento fue elaborado por el jefe del Departamento de Seguridad Informática y Monitoreo Electrónico, oficial alcaide mayor Carlos Salomón, y detalla que hay 216 personas supervisadas con dispositivos en 28 localidades de la provincia.

El organismo cuenta con 240 equipos: 216 están instalados y en funcionamiento, mientras que los 24 restantes forman la reserva técnica. De esos, 16 están en reparación y solo ocho quedan disponibles para sustituciones o contingencias.

Las personas monitoreadas se dividen en tres grupos: 39 procesados con arresto domiciliario a través de dispositivos C/E4; 153 condenados con arresto domiciliario mediante GPS; y 24 alojados en unidades penales que tienen autorización para salidas laborales o familiares.

El Centro opera en 28 localidades con 12 funcionarios afectados a la supervisión y cinco técnicos, bajo un sistema de guardias rotativas que cubre las 24 horas, los 365 días del año. La mayor concentración de casos está en Paraná (85), seguida por Concordia (60), Concepción del Uruguay (17) y Gualeguaychú (10).

El sistema informático registra unos 6.000 eventos por día, de los cuales entre 400 y 500 requieren atención, evaluación o intervención de los operadores. Las tareas incluyen el seguimiento de alertas, las comunicaciones con los supervisados y sus referentes, las verificaciones policiales y el control de los desplazamientos autorizados. También se destacan las intervenciones ante emergencias médicas y situaciones que podrían comprometer la seguridad de las víctimas, en coordinación con organismos judiciales, el Ministerio Público Fiscal y las fuerzas policiales.

Según el informe, la supervisión electrónica es una herramienta clave para el cumplimiento de las medidas judiciales y permite que determinadas personas permanezcan fuera de las cárceles bajo control tecnológico, lo que además ayuda a reducir la ocupación de plazas en las unidades penales. El documento también resalta el fortalecimiento de los recursos humanos y de movilidad para garantizar la continuidad del servicio en todo el territorio provincial.