La sangre en una zapatilla y el celular vendido: lo que terminó de hundir a los sospechosos
Una zapatilla con restos de sangre de la víctima y un celular vendido a las pocas horas: las pruebas que la Justicia consideró clave para sentar en el banquillo a dos hombres por el crimen de Cerrillos.
Una mancha de sangre en una zapatilla y la venta del teléfono robado se convirtieron en las pruebas que la Justicia consideró decisivas para enviar a juicio a dos hombres por el crimen de Alberto Félix Coronado, asesinado en mayo de 2025 en el barrio Congreso Nacional.
El juez Federico Diez, del distrito Centro, resolvió elevar a debate oral la causa contra Flavio Fabián Flores y Leonardo Javier López, imputados como presuntos coautores de homicidio en ocasión de robo. Ambos permanecerán detenidos en prisión preventiva hasta que se fije la fecha del juicio.
La investigación estuvo a cargo del fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, quien reunió la prueba que el magistrado admitió durante la audiencia de control de acusación.
El ataque y la huida
El hecho ocurrió entre las 4:45 y las 5:10 de la madrugada de mayo de 2025 en la calle Las Águilas, en el barrio Congreso Nacional, según la reconstrucción judicial. Coronado caminaba solo cuando fue interceptado por los acusados, que portaban al menos un arma blanca.
Los agresores le asestaron una estocada letal en el tórax con el único fin de quitarle el teléfono celular. La víctima quedó tendida en la vía pública hasta que llegó personal médico, que lo trasladó de urgencia al Hospital San Bernardo de la ciudad de Salta. Allí falleció a los pocos minutos a causa de la gravedad de la lesión.
Los dos sospechosos fueron detenidos horas después y la fiscalía los imputó formalmente.
Las pruebas que complican a los imputados
Entre los elementos presentados por el Ministerio Público Fiscal y aceptados por el juez, sobresale una pericia genética: los laboratorios detectaron restos de sangre de la víctima en una zapatilla secuestrada a Flores.
Además, la investigación logró documentar que el propio imputado comercializó el teléfono robado a las pocas horas del asesinato. A esto se suman testimonios de vecinos de la zona, informes médico-forenses, el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, y pericias técnicas que permitieron reconstruir el ataque paso a paso.
Con ese cuadro probatorio, el juez Diez ordenó que ambos continúen en prisión preventiva y giró las actuaciones a la Oficina Judicial de Juicios para que se designe el tribunal que llevará adelante el debate oral.
