La Santa Sede cerró el caso: un cura de San Isidro enfrenta una condena canónica definitiva por abuso

El Vaticano confirmó la culpabilidad de un sacerdote de la Diócesis de San Isidro acusado de abuso de un menor y le impuso durísimas sanciones. El Colegio para el Examen de los Recursos en Materia de Delitos Graves de la Santa Sede rechazó la apelación del presbítero Damián Rodríguez Alcobendas, de 68 años, y ratificó todas las penas, que incluyen la prohibición perpetua de ejercer cualquier oficio eclesiástico.

La decisión fue comunicada formalmente al obispo Guillermo Caride. El fallo establece que el sacerdote es culpable de un delito grave contra el sexto mandamiento cometido con un menor.

¿Cuáles son las sanciones impuestas?

Las sanciones confirmadas son extremadamente severas. Se le prohíbe de por vida ejercer cualquier oficio eclesiástico, incluyendo tareas administrativas, directivas o de gestión en parroquias, seminarios e institutos.

También se le restringió de manera definitiva el ejercicio de la docencia y cualquier función de tutoría o asesoramiento vinculada a menores. Además, tiene una prohibición de cinco años para el ejercicio público del ministerio sacerdotal.

El comunicado oficial advierte que, en caso de incumplimiento de estas penas, se avanzará con la dimisión del estado clerical, lo que equivale a una expulsión definitiva.

¿Quién es el sacerdote condenado?

El presbítero Damián Rodríguez Alcobendas tiene 68 años y más de 40 años de trayectoria como sacerdote. Fue párroco en distintas localidades de la zona norte bonaerense y también en Tierra Santa.

Había ganado notoriedad pública durante la pandemia, cuando bendecía casas del barrio Nordelta desde la caja de una camioneta 4×4 durante la cuarentena estricta. Esta imagen contrasta fuertemente con la grave acusación que ahora ha sido ratificada por la máxima autoridad de la Iglesia Católica.

Desde el Obispado de San Isidro expresaron su cercanía con la víctima y pidieron perdón por el daño causado. Reafirmaron su compromiso de acompañamiento y de acción ante este tipo de delitos.

La resolución del Vaticano marca un nuevo capítulo en una causa que sacudió a la Iglesia local y que ahora quedó sellada con una condena canónica definitiva. El caso demuestra el procedimiento interno de la Santa Sede para tratar estas graves acusaciones dentro de su propio marco jurídico.