La secta que funcionó casi 50 años y tenía una "iglesia" en Mendoza: lo que encontró el tribunal

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.° 2 de San Martín condenó a 27 personas vinculadas al denominado Templo Filadelfia por asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre. Las penas van desde los 3 años y 9 meses hasta los 24 años de prisión, y la estructura, según quedó establecido en el juicio, funcionó durante casi cinco décadas.

La sentencia se conoció tras un debate que arrancó en octubre de 2024 y por el que declararon más de 200 testigos. De acuerdo con lo reconstruido, la organización habría operado al menos desde 1972 hasta el 1.° de diciembre de 2020, con sede central en San Justo, partido de La Matanza, y anexos en distintas localidades del país, además de Paraguay y Brasil.

La condena más alta

Eva Petrona Pereyra, de 81 años, recibió la pena más dura: 24 años de prisión. El tribunal la consideró jefa u organizadora de la asociación ilícita y coautora de los delitos de reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada. También fue considerada partícipe necesaria en delitos vinculados con la supresión de identidad de un menor, la sustracción y retención de un menor y la falsedad ideológica de un documento público.

Rigoberto Ismael Mora Bogado fue condenado a 21 años por asociación ilícita, reducción a la servidumbre, trata de personas con fines de explotación laboral agravada y falsedad ideológica. Otras siete personas recibieron penas de 18 años, mientras que Ruth Mora Bogado fue condenada a 15.

Por los mismos delitos, distintos integrantes recibieron penas de entre 14 y 10 años y 9 meses. Fabio Bernabé Aguirre y Claudio Gabriel Aguirre fueron condenados a 8 años. Vïctor Abraham Ayunta recibió 4 años y 6 meses y Damaris Fernanda Sabich, 3 años y 9 meses, en ambos casos únicamente por asociación ilícita: los dos fueron absueltos de los delitos de trata de personas agravada y reducción a la servidumbre por los que habían llegado a juicio.

Reparaciones, decomisos y bienes

Además de las penas de prisión, el tribunal fijó reparaciones económicas para 27 víctimas por un total de $2.170.467.831,20. Los montos individuales van desde $2.538.284 hasta $223.338.864 y deberán actualizarse conforme a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina.

La sentencia ordenó el decomiso de 46 inmuebles ubicados en Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Salta, Córdoba, Tucumán y Río Negro, además de 12 vehículos y dinero secuestrado durante la investigación. También dispuso mantener la subasta de otros 15 automotores, cuyo producido se destinará a la reparación económica de las víctimas.

Entre las medidas ordenadas figura la baja de la inscripción del Templo Filadelfia del Registro Nacional de Cultos. La decisión será comunicada a la Secretaría de Culto del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Identidades y matrimonios anulados

Durante el proceso se establecieron medidas sobre la identidad de dos víctimas. Según determinó el tribunal, no eran hijos biológicos de las mujeres que figuraban como sus madres, por lo que ordenó modificar la filiación materna, aunque ambos conservarán sus nombres, apellidos y números de documento.

El tribunal también declaró la nulidad de dos matrimonios celebrados entre víctimas, uno en 1987 y otro en 2007, al considerar que los contrayentes habían sido obligados a casarse y no habían prestado un consentimiento válido.

Cómo funcionaba, según la acusación

En su alegato, el fiscal general Alberto Gentili sostuvo que la organización operaba mediante mecanismos de aislamiento, vigilancia, sanciones y control de los vínculos personales y de la vida afectiva y sexual. Según la acusación, las personas sometidas al sistema realizaban tareas sin remuneración ni protección laboral, entre ellas trabajos domésticos, actividades en una panadería y tareas de construcción y albañilería.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Federal N.° 1 de Morón, con la intervención de distintas dependencias especializadas del Ministerio Público Fiscal. Los fundamentos completos de la sentencia se conocerán el 18 de noviembre.