La supervisora que denunció un vaciamiento en Ledesma llevó su reclamo a la Casa de Gobierno

La docente Liliana López, supervisora de la Región V con asiento en Ledesma, se presentó este martes en Casa de Gobierno para pedir una audiencia con el gobernador Carlos Sadir, en medio de un conflicto que ya lleva meses con las autoridades del Ministerio de Educación de Jujuy.

Según su propio relato, la situación se agravó después de sus apariciones públicas en medios de comunicación. Asegura que a raíz de esas exposiciones recibió una denuncia penal impulsada por la ministra de Educación y una carta documento enviada por la Dirección de Nivel.

La docente sostiene que desde hace tiempo sus funciones fueron vaciadas y que tiene cinco sumarios administrativos en su contra. Por eso viajó a la capital provincial para intentar exponer su caso directamente ante el gobernador.

El pedido de audiencia y la sombra de los sumarios

López explicó que solicitó la reunión con Sadir para detallarle la situación laboral e institucional que atraviesa la Región V. Dijo confiar en que el mandatario desconoce los pormenores del procedimiento sumarista que se le sigue y volvió a reclamar la restitución de su cargo para poder ejercer la supervisión pedagógica en Ledesma.

La educadora subrayó que el conflicto le impide jubilarse en condiciones regulares, a pesar de que ya cumplió con los requisitos de edad y antigüedad para acceder al retiro. En ese sentido, interpretó que las notificaciones judiciales que llegaron a su ámbito privado buscan amedrentar sus reclamos administrativos ante los organismos de control.

Presentaciones ante la Secretaría de Trabajo, Fiscalía de Estado y Anticorrupción

En su paso por la capital jujeña, López confirmó que formalizó denuncias ante la Secretaría de Trabajo, la Fiscalía de Estado y la Oficina Anticorrupción. Pidió que se investigue el accionar de los funcionarios intervinientes por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

También puso en duda la validez legal de la Junta de Disciplina, al considerar que funciona de manera irregular. La supervisora ratificó que mantendrá las acciones en el fuero Contencioso Administrativo y que solicitará medidas de protección. Además, responsabilizó a las autoridades ministeriales por cualquier afectación a su integridad física o laboral mientras intenta resolver su situación institucional antes de efectivizar su retiro docente.