La suspendieron por un título que no usó para concursar y ahora apunta contra el Ministerio

Una docente e investigadora del CONICET fue suspendida de sus cargos por un título que, según ella, no usó para concursar. El Ministerio de Educación no responde cuántos casos investiga y la causa penal acaba de dividirse.

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La suspendieron por un título que no usó para concursar y ahora apunta contra el Ministerio
La suspendieron por un título que no usó para concursar y ahora apunta contra el Ministerio

Una docente e investigadora del CONICET denunció que el Ministerio de Educación y Trabajo de Catamarca abrió un sumario en su contra y la suspendió de funciones y haberes por un título que, según ella, no fue el que usó para acceder a sus cargos. El caso reabrió la polémica por los "títulos truchos" del Instituto de Educación Superior 'Clara J. Armstrong' y dejó al descubierto la falta de precisiones oficiales sobre cuántos docentes están alcanzados por la investigación.

Lucía Coronel se desempeña en el IES 'Clara J. Armstrong' y en el IES 'Estanislao Maldones', donde lleva un año de antigüedad. Según relató, fue notificada de una "investigación presumarial" en su contra con suspensión de haberes y funciones porque sospechan que su título de Profesora en Educación Secundaria en Ciencias Políticas podría estar entre los presuntamente irregulares emitidos por el 'Clara J. Armstrong'.

El argumento de la docente

Coronel sostuvo que no cuestiona que se investiguen los títulos ni pretende "ninguna preferencia", pero sí rechaza haber sido apartada de dos cargos que concursó con su título de Profesora en Ciencias de la Educación egresada de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA). En otras palabras: tiene dos títulos, accedió a los puestos con el universitario, pero la suspendieron por las dudas sobre el otro, el del instituto superior.

"Me duele sobre todo porque lo que más orgullo me da de mí misma es la formación a la que pude llegar gracias al esfuerzo de mi familia, gracias a mi esfuerzo propio, gracias a esos años y años de cursar, estudiar y rendir sin descanso", declaró. Y agregó: "Durante cuatro años cursé dos carreras en simultáneo".

La docente, con trayectoria en una agrupación estudiantil de la UNCA y en un partido de izquierda, contó que recibió la noticia "con mucha estoicidad". "Hace algunas semanas que me toca acompañar a un compañero y amigo que fue imputado por la Justicia federal por luchar", dijo en alusión a Bruno Corzo, docente imputado por protestas con cortes de ruta sobre la Nacional nº38.

"Esta noticia parece un 'ahora te toca a vos'. Sé que luchar y levantar la voz puede tener sus consecuencias. Es algo que siento, ya que no puedo saber con exactitud si existen estos motivos por parte del Estado provincial. Lo que sí sé es que al parecer soy de las primeras (si no la única) docente que está atravesando esta situación", afirmó.

Sin respuestas del Ministerio

Este medio consultó al Ministerio de Educación sobre la cantidad de docentes investigados y sobre el caso puntual, pero la cartera se limitó a responder que la investigación "avanza en la Justicia", derivando a la causa penal cuando la consulta apuntaba a las actuaciones administrativas que el propio Ministerio tiene a su cargo.

Coronel aclaró que se mantendrá en sus funciones "hasta tanto no se resuelva la instancia de investigación pre sumarial y mis cargos me figuren activos". "Insto a las autoridades e instituciones actuar con celeridad y pericia para resolver cuanto antes esta situación que implica un tremendo perjuicio", expresó, y advirtió que sus alumnos de 'Sujeto de la Educación Secundaria' y 'Problemáticas de la Educación Secundaria' "se quedan sin docente y con sus trayectorias interrumpidas".

Desde el Partido Obrero y Tribuna Docente se solidarizaron con la profesora y reclamaron que "es el propio Ministerio el que debe brindar certezas y explicaciones sobre esta situación". "Exigimos una inmediata resolución del caso, que no se multipliquen los sumarios y que toda investigación sobre posibles irregularidades en la emisión de títulos comience por los responsables políticos y administrativos, sin estigmatizar ni perseguir a los docentes", apuntaron en un comunicado.

En ese texto también vincularon el episodio con las políticas educativas nacionales: "La educación en la Provincia atraviesa un proceso de deterioro que no puede separarse del alineamiento con las políticas antieducativas y de persecución que caracterizan al gobierno de Javier Milei".

La causa penal, desdoblada

Mientras avanza el frente administrativo, la investigación penal dio un giro: el expediente será desdoblado y se avanzará sobre posibles delitos de fraude contra la Administración Pública. Por eso ya interviene la Fiscalía de Instrucción nº6, a cargo de Facundo Barros Jorrat, que solicitó las primeras medidas, entre ellas tomar testimonios al personal de la Junta de Clasificación. Hay sospechas sobre unos 200 títulos de egresados del IES Clara J. Armstrong entre 2018 y 2025.

La causa se había iniciado con la denuncia del Ministerio de Educación y Trabajo, que recayó en la Fiscalía nº7, a cargo de Paola González Pinto. La fiscal pidió informes y requerimientos al Poder Ejecutivo, respondidos por el Ministerio y por organismos como Tesorería y Contaduría General de la Provincia. Ante la posible existencia de delitos contra la Administración, giró las actuaciones a Barros Jorrat, aunque seguirá al frente de la pesquisa por presunta falsificación.

Hasta el momento no hay personas imputadas, aunque algunos denunciados ya fueron notificados de las acciones judiciales en su contra para que puedan ejercer su defensa.

El Gobierno provincial había informado el 10 de agosto que el 26 de abril presentó una denuncia penal por irregularidades en el control de títulos docentes emitidos entre 2024 y 2025. Al contrastar los títulos digitales con la documentación del IES, detectaron "datos incompletos o contradictorios" y "copias presuntamente apócrifas de Actas de Libro Matriz y copias presuntamente apócrifas o duplicadas de Actas de Exámenes". Se identificaron formalmente 35 títulos con inconsistencias, se abrió un sumario administrativo y se designó un equipo de "normalización administrativa, pedagógica e institucional" del instituto. La rectora sumariada es Robertina Mediavilla.

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