La tala en el Nahuel Huapi destapó un sistema: ¿quién controla al poder en Bariloche?

La reciente crisis por la tala de árboles en la costa del Nahuel Huapi no fue un episodio aislado, sino el reflejo de un patrón preocupante en la gestión municipal de Bariloche. Detrás de la polémica ambiental se esconde una pregunta incómoda: ¿hasta dónde llega la arbitrariedad de un funcionario cuando nadie lo frena?

Un historial de decisiones cuestionadas

El conflicto comenzó cuando el intendente impulsó una consulta popular que la Justicia frenó por considerar que excedía sus atribuciones. Sin embargo, la medida se llevó adelante de todos modos.

Poco después, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza para proteger el patrimonio natural de la ciudad, pero el jefe comunal la vetó. Ante las sanciones de un organismo de control por no respetar ni sus propios permisos, la respuesta oficial fue que “no es una multa sino un pedido de explicaciones”.

¿Qué hay detrás de la tala?

El caso concreto que encendió las alarmas fue la tala de árboles que bordean el Nahuel Huapi. Pero más allá del hecho puntual, lo que quedó expuesto es un sistema de gestión que avanza sobre las instituciones cuando le resulta conveniente.

En Bariloche, la participación ciudadana parece depender de la voluntad del gobernante de turno. Si un intendente puede vetar lo que vota el Concejo, ignorar un fallo judicial y desoír a un órgano de control, el problema no es solo esa persona, sino un sistema que lo permite.

¿Democracia o discrecionalidad?

La pregunta que surge es si realmente se respeta la división de poderes o si se gobierna con arbitrariedad, acudiendo a las normas solo cuando convienen. La calidad institucional de una ciudad se mide por su capacidad de controlar al poder y por el respeto a las reglas establecidas.

No se trata de demonizar a un funcionario, sino de repensar los mecanismos que garantizan que los grandes cambios no dependan de la discrecionalidad de quien esté en el sillón municipal.

Pensar la Bariloche de los próximos 20 años implica también debatir cómo se construye poder: si con instituciones fuertes o con decisiones unilaterales que erosionan la democracia.