La testigo clave del caso Adorni recibió custodia urgente tras denunciar presiones

La Justicia federal ordenó protección inmediata para una empleada de la firma aérea que gestionó el polémico vuelo privado del jefe de Gabinete, luego de que declarara haber recibido llamados intimidatorios. Su testimonio, que señala al empresario Marcelo Grandío como quien habría pagado el viaje, contradice frontalmente la versión pública de Manuel Adorni y agrega un nuevo nivel de tensión a la causa.

El juez Ariel Lijo tomó la decisión a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, luego de la declaración de Vanesa Tossi. La mujer, que trabaja en la empresa que organizó el traslado a Punta del Este, afirmó que el costo fue abonado por Grandío.

Este dato es crucial porque desmiente las reiteradas afirmaciones de Adorni, quien sostuvo en múltiples oportunidades que el viaje fue financiado con recursos propios. La investigación busca determinar si el funcionario recibió un beneficio indebido.

¿Qué denunció la testigo ante el fiscal?

Durante su exposición en los tribunales de Comodoro Py, Tossi no solo habló del pago. También relató que fue objeto de llamados y mensajes que interpretó como intimidatorios, incluso mientras se encontraba dentro del edificio judicial.

Según su versión, estas comunicaciones —sumadas al envío previo de una carta documento— habrían tenido como objetivo influir en su declaración. El fiscal consideró que estos hechos no eran aislados y podían configurar un intento de alterar una prueba clave.

Frente a este escenario, Pollicita solicitó medidas de protección que fueron inmediatamente avaladas por el juez Lijo. La resolución judicial establece restricciones específicas para el empresario involucrado.

Las medidas de protección dispuestas por el juez

La resolución de Lijo es contundente: Marcelo Grandío tiene prohibido mantener cualquier tipo de contacto con Vanesa Tossi, ya sea en forma directa o a través de terceros. Tampoco puede acercarse a su domicilio, su lugar de trabajo o cualquier sitio que ella frecuente.

Además, se dispuso una custodia para resguardar la integridad física de la testigo. El objetivo es garantizar que pueda declarar en el futuro sin condicionamientos de ningún tipo y que el curso de la investigación no se vea obstruido.

En paralelo a estas medidas, se abrió una línea de investigación específica para determinar si las conductas denunciadas configuran delitos como amenazas o coacciones. La fiscalía analiza si se trató de una maniobra para torcer el brazo de la Justicia.

El dato que podría cambiar todo: el pedido de no facturar

El testimonio de Tossi adquiere una relevancia aún mayor por otro detalle sensible que aportó. La empleada indicó que, inicialmente, se habría solicitado a la empresa aérea no emitir factura por el servicio de alquiler del jet privado.

Según su relato, la compañía se negó a realizar la operación sin la documentación correspondiente. Este punto es determinante para los investigadores, ya que abre la puerta a una eventual calificación del hecho como recepción de dádivas o beneficios indebidos por parte de un funcionario público.

La falta de facturación hubiera dificultado enormemente el rastreo del pago y la identificación de quien lo realizó, un aspecto central en una investigación por presuntos favores ilegales.

La otra causa que pesa sobre Adorni: el enriquecimiento ilícito

La investigación por el vuelo privado no es el único frente judicial abierto para el jefe de Gabinete. En paralelo, el mismo fiscal Pollicita impulsa una causa por presunto enriquecimiento ilícito, basada en una denuncia que señala un crecimiento patrimonial desproporcionado.

En ese expediente separado, se analizan posibles inconsistencias en las declaraciones juradas de Adorni, la existencia de bienes no declarados y movimientos financieros que no cuadran con sus ingresos oficiales. Para reconstruir la evolución de su patrimonio, el fiscal solicitó informes a múltiples organismos.

Entre las entidades requeridas figuran el registro de la propiedad, la Oficina Anticorrupción y otras dependencias estatales. El objetivo es cruzar datos y verificar si el funcionario acumuló activos que no pueden justificarse con su salario público.

Ambas causas son independientes en su tramitación, pero se vinculan en un punto medular: buscan determinar si existieron beneficios económicos indebidos o no declarados en el marco del ejercicio de la función pública. La decisión de proteger a una testigo con custodia urgente subraya la gravedad que ha adquirido la pesquisa sobre el viaje a Uruguay.