La tragedia de Monteagudo 120 destapó un peligro oculto: exigen auditoría urgente en edificios de la capital

La muerte de un hombre en la explosión e incendio del edificio de Monteagudo 120 encendió las alarmas en el Concejo Deliberante. Dos concejales radicales presentaron un proyecto para que la Municipalidad audite de inmediato las condiciones de seguridad de todas las viviendas colectivas de San Miguel de Tucumán, una medida que apunta a evitar que la tragedia se repita.

José María Canelada y Gustavo Cobos, autores de la iniciativa, buscan que el Ejecutivo municipal realice una revisión integral de los inmuebles ocupados en la capital, sin importar si están bajo el régimen de propiedad horizontal. La medida surge después de que la propia Municipalidad admitiera que el edificio siniestrado nunca obtuvo el Certificado de Final de Obra.

¿Qué pasó en Monteagudo 120?

La directora de Catastro y Edificación, Nora Belloni, confirmó que el inmueble estaba intimado desde 2018 por incumplimientos urbanísticos y administrativos. A pesar de las advertencias, el edificio siguió habitado y la tragedia terminó con una víctima fatal.

El proyecto de los concejales opositores propone que la auditoría comience por tres grupos de edificios: los que fueron relevados por la Municipalidad en 2018, los que hoy no tienen Certificado de Final de Obra o Habitabilidad y aquellos con denuncias o incidentes que sugieran riesgos.

¿Qué se revisará en cada edificio?

La revisión no se limitará a papeles. El proyecto contempla analizar expedientes, planos aprobados, inspecciones realizadas, intimaciones y sanciones aplicadas. Pero también exige inspeccionar la estructura, las instalaciones de gas, electricidad y agua, los sistemas contra incendios, los ascensores y las vías de evacuación.

Los concejales remarcan que la ausencia de un certificado no significa necesariamente un peligro inminente, pero sí justifica una inspección técnica profunda. Además, plantean que las medidas que tome la Municipalidad distingan entre irregularidades documentales y riesgos reales para las personas.

“No alcanza con detectar irregularidades”

En los fundamentos, Canelada y Cobos sostienen que el caso de Monteagudo 120 expuso la necesidad de revisar el seguimiento administrativo del Estado. “Un edificio puede no presentar daños en su estructura resistente y, al mismo tiempo, contener deficiencias en sus instalaciones, incumplimientos urbanísticos o actuaciones administrativas pendientes”, advierte el texto.

Los concejales también criticaron que no basta con intimar o sancionar, sino que hay que verificar qué seguimiento hizo el Municipio cuando las irregularidades se prolongan durante años. En 2018, un relevamiento municipal detectó 31 edificios ocupados sin documentación, con conexiones precarias y hasta garrafas en espacios comunes. Sin embargo, algunos de esos edificios, como el de Monteagudo 120, siguieron habitados sin regularizar su situación.

La iniciativa busca reconstruir toda la trazabilidad de las actuaciones administrativas y actualizar el universo de edificios bajo control. Los concejales aclararon que no pretenden generar alarma ni anticipar responsabilidades judiciales, sino que la tragedia sirva para revisar un problema que el propio municipio había detectado años atrás y para evaluar si las herramientas actuales de fiscalización son suficientes para prevenir nuevas muertes.