La UBA lanza un ultimátum al Gobierno: la bomba de tiempo que nadie quiere que estalle
La Universidad de Buenos Aires declaró la emergencia y exige al Gobierno que cumpla la ley. ¿Qué pasará con los hospitales universitarios y los salarios docentes si no hay respuesta?
El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires declaró la emergencia presupuestaria y salarial, exigiendo al Gobierno nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. La advertencia es clara: el presupuesto 2026 no contempla los recursos que manda la ley, poniendo en riesgo funciones esenciales. El reclamo se da en medio de una escalada del conflicto que ya tiene capítulos judiciales y un nuevo proyecto oficial sobre la mesa.
La resolución, aprobada por unanimidad, remarca que la aplicación de la ley sancionada por el Congreso es indispensable para garantizar la docencia, la salud, la investigación y la extensión en todo el sistema universitario nacional. Las autoridades sostienen que promover una educación de calidad es una “obligación indelegable del Estado”.
¿Qué implica la emergencia declarada?
La declaración de emergencia alcanza a docentes, trabajadores nodocentes y a los profesionales de la salud que se desempeñan en los hospitales universitarios. También cubre las tareas de investigación y extensión. La UBA solicitó a los ministerios de Capital Humano y de Economía una “urgente actualización, en línea con la inflación” del presupuesto para gastos de funcionamiento.
El pedido pone un foco especial en el área de salud, donde la universidad tiene una red de seis centros de alta complejidad que funcionan como hospitales escuela. Estos espacios son vitales para la formación de médicos, el desarrollo de residencias y la investigación científica.
La universidad argumenta que su rol es estratégico para el país: las universidades nacionales gradúan cerca del 80% de los médicos y más del 90% de los odontólogos y veterinarios de la Argentina. Para sostener esta tarea, insisten en que se necesitan asignaciones presupuestarias adecuadas que permitan planificar a largo plazo.
Un conflicto con historia judicial
La pulseada por los recursos viene de larga data. El Congreso sancionó la Ley de Financiamiento Universitario, el presidente Javier Milei la vetó, pero ambas cámaras legislativas rechazaron ese veto y la norma quedó firme. Sin embargo, el Gobierno la promulgó sin asignarle los recursos para su implementación, argumentando que no establece fuentes de financiamiento específicas y que su impacto fiscal sería alto.
La Justicia ya intervino en la disputa. El juez federal Martín Cormick ordenó suspender el decreto que había dejado sin efecto la aplicación de la ley y dispuso que el Ejecutivo debe cumplir con las actualizaciones salariales y de becas que la norma prevé.
Mientras ese fallo sigue su curso, el Gobierno envió al Congreso un nuevo proyecto para modificar el esquema de financiamiento. La iniciativa propone partidas para gastos de funcionamiento, hospitales universitarios y becas, con actualizaciones atadas al índice de inflación.
En medio de este escenario complejo, la UBA ratificó su postura y elevó un reclamo formal. La pregunta que queda flotando es si este ultimátum académico logrará destrabar los fondos o si el conflicto escalará aún más, con el futuro de la educación pública y la salud en el centro de la discusión.
