La UCR desafía al Gobierno y arriesga la sesión del Senado por la Ley de Tierras

La UCR le planta cara al oficialismo y pone en jaque la Ley de Tierras en el Senado. Con el rechazo formal del Comité Nacional, la iniciativa impulsada por el Gobierno se queda sin los votos necesarios y crece la incertidumbre por la sesión del 6 de agosto.

La conducción nacional del radicalismo, liderada por Leonel Chiarella, tomó una decisión contundente: pedir a sus senadores que voten en contra del proyecto. La medida complica los planes de La Libertad Avanza, que necesita 37 votos para la media sanción.

El Comité Nacional fundamentó su postura en la defensa de la soberanía, el control de las fronteras y los recursos estratégicos, al considerar que la iniciativa elimina los límites vigentes para la adquisición de tierras. La decisión fue comunicada oficialmente y, según trascendió, Chiarella mantuvo reuniones con cada senador radical para asegurar una postura unificada.

Desde sectores cercanos a las conversaciones internas señalaron que existe un vínculo permanente entre la conducción partidaria y los bloques legislativos. "Hay buen diálogo de Chiarella con los bloques tanto en Diputados como en el Senado", afirmaron. "Desde hace unas semanas que se está conversando. Peteco —por Eduardo Vischi, presidente del bloque— participó de la mesa nacional. Hay buen diálogo", precisaron.

Posiciones dentro del bloque radical

La interna radical no es homogénea. Desde la conducción partidaria explicaron que "hay tres sectores: unos que ya hasta lo dijeron públicamente, otros que están en veremos y un tercero que apoya la provincialización. Estamos tratando de convencer a los últimos dos sectores".

Hasta el momento, Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama manifestaron públicamente que votarán en contra, mientras otros siete legisladores aún no definieron su postura. El desarrollo de esas negociaciones modificó el escenario parlamentario previsto por el oficialismo.

De acuerdo con fuentes legislativas, la existencia de un número creciente de senadores radicales inclinados por el rechazo redujo las posibilidades de reunir la mayoría necesaria para avanzar con la media sanción. "Nosotros queremos sumar más senadores por la negativa, hasta ahora hay tres pero podría haber alguno más. Con esto ya vemos muy difícil su aprobación", expresaron desde el partido centenario.

Escenario parlamentario

Mientras la UCR consolida su rechazo, La Libertad Avanza continúa buscando respaldos entre los bloques provinciales para alcanzar la mayoría requerida. Sin embargo, las negociaciones presentan mayores dificultades en provincias fronterizas y en aquellas con extensas superficies lacustres o recursos estratégicos vinculados a la tierra.

En el Palacio Legislativo, el oficialismo no logró reunir hasta el momento los treinta y siete votos necesarios para aprobar la iniciativa. Esa situación mantiene abierta la incertidumbre respecto de la posibilidad de concretar la sesión convocada para el 6 de agosto.

El texto legislativo atravesó sucesivas modificaciones desde su ingreso al Congreso y, de acuerdo con fuentes consultadas, ya acumularía quince versiones distintas. A pesar de esos cambios, el bloque oficialista que conduce Patricia Bullrich, integrado por veintiún senadores, todavía no alcanza la cantidad de votos requerida.

En ese escenario, la definición que adopten los senadores pertenecientes a bloques provinciales adquiere una relevancia central para el futuro de la iniciativa. El comportamiento de esos espacios legislativos aparece como uno de los factores decisivos para determinar si el proyecto podrá ser tratado o si su discusión deberá postergarse.

¿Rebelión radical preelectoral?

En su comunicado oficial, el Comité Nacional sostuvo que "la soberanía se defiende cuidando nuestra tierra" y expresó que rechaza el proyecto porque elimina límites considerados "razonables" y "compromete la soberanía nacional, el control sobre las fronteras y los recursos estratégicos del país".

Como parte de los argumentos expuestos durante las deliberaciones internas, dirigentes radicales señalaron que analizaron la legislación vigente en distintos países. "Nosotros hicimos un relevamiento de la postura de los EEUU, Australia, Francia y Brasil, que en el primero de los casos es el país referencia de este gobierno y en los otros casos son países de estructura similares a la Argentina. En la mayoría de los casos actualizaron sus normas en los últimos 24 meses. Estados Unidos lo tiene prohibido y el resto le pone límites. El Gobierno acá busca eliminar los límites y la tierra es algo finito, una vez que se vende ya no hay vuelta atrás", afirman.

Durante las reuniones encabezadas por la conducción partidaria también se debatió el alcance económico de la propuesta. "Todos son beneficios para los extranjeros, no hay nada para los productores locales que siguen pagando retenciones e impuestos. Pero no solo para los extranjeros sino para aquellos con capital, porque por un lado se les busca dar beneficios para comprar tierras pero a otros se les pide que paguen la salud y la educación. En este esquema, ¿a quién apunta la norma?", indicaron.