La UCR de Córdoba salió a cuestionar a Llaryora por la caída de fondos a municipios y comunas, y reclamó por una unidad de control que la ley prevé pero que nunca se convocó. Los números oficiales que encendieron la alarma.
El Comité Provincial de la UCR de Córdoba, que preside Matías Gvozdenovich, salió a cuestionar al gobierno de Martín Llaryora por la caída de los fondos que llegan a municipios y comunas. Exige transparencia, acceso a la información y cumplimiento estricto de la ley de reparto de ingresos.
La preocupación radical apunta a la situación financiera que atraviesan los gobiernos locales, en un contexto de fuerte retracción de las transferencias.
Los números que encendieron la alarma
De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía provincial, las transferencias automáticas a municipios y comunas durante la primera quincena de noviembre de 2026 llegarán a $22.478 millones. La cifra implica una baja nominal del 45,1% frente a la primera quincena de octubre y del 35,6% en comparación con el mismo período del año anterior.
Para la dirigencia radical, el cuadro es todavía peor de lo que muestran los números oficiales. «Estas cifras son aún más preocupantes si se considera que se expresan en términos nominales, sin tener en cuenta los efectos de la inflación. En consecuencia, la pérdida real de recursos y poder adquisitivo para los gobiernos locales es incluso mayor de lo que sugieren los datos oficiales», señaló el Comité Provincia.
Y agregó: «La disminución de los ingresos tributarios socava seriamente la capacidad institucional de los gobiernos locales para garantizar la prestación de servicios esenciales y responder a las crecientes demandas de sus comunidades». En esa línea, remarcó que en los últimos años los municipios y comunas debieron asumir nuevas funciones y responsabilidades que, en muchos casos, exceden su autoridad y no contaron con los recursos necesarios.
Qué le reclaman a la Provincia
El partido pidió que se garantice el acceso a la información pública sobre cómo se determinan y distribuyen estos recursos, y que se asegure el funcionamiento efectivo de los mecanismos de supervisión legal. También reclamó medidas para preservar la autonomía financiera de los gobiernos locales.
Para la UCR, es clave precisar las causas de la reducción, la composición actual del fondo de reparto y los criterios de distribución, que —según advirtió— suelen quedar sujetos a decisiones discrecionales del gobierno provincial. «Queremos recordarle al gobernador Martín Llaryora que el reparto de ingresos municipales dista mucho de ser una concesión del gobierno provincial; es un mandato constitucional», subrayó.
En ese marco, exigió que la distribución se ajuste estrictamente a la ley, se base en criterios objetivos, transparentes y verificables, y garantice el acceso público a la información junto con el funcionamiento efectivo de los controles.
La unidad de control que no se convoca
La UCR también apuntó contra el gobierno por el artículo 14 de la Ley Provincial 8.663, que establece un mecanismo para supervisar y controlar el fondo de reparto: la Unidad de Trabajo Provincia-Municipios-Comunidades Regionales, que debe integrar a tres legisladores de distintos bloques políticos.
Según el comunicado, el Ejecutivo ignoró los proyectos de ley presentados por legisladores radicales que exigen su formación y, como consecuencia, ese grupo de trabajo nunca fue convocado.
«La Unión Cívica Radical de Córdoba exige que el gobierno provincial garantice la transparencia en la administración y distribución de los fondos de reparto de ingresos y asegure el correcto funcionamiento de la unidad de trabajo legalmente establecida para estos fines», sostuvo.
El cierre del texto incluyó un llamado a todas las fuerzas políticas de la provincia a participar de un diálogo institucional sobre el sistema de reparto y la política tributaria provincial, para determinar si la normativa vigente cumple con las responsabilidades que enfrentan los gobiernos locales. «El respeto al federalismo exige recursos suficientes para que el sistema municipal opere dentro del marco de la autonomía reconocida por la ley suprema», concluyó.