La UCR pone condiciones al Presupuesto 2027: qué exige para dar sus seis votos

La aprobación del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados quedó atada a una negociación que tiene a la Unión Cívica Radical como pieza clave. El bloque que conduce Pamela Verasay adelantó que no acompañará el proyecto tal como llegó desde el Poder Ejecutivo: puso sobre la mesa dos exigencias centrales para dar sus votos.

La primera apunta a las partidas para personas con discapacidad. La segunda, a las asignaciones sociales: los radicales quieren que se sostenga la actualización automática por inflación.

El oficialismo de La Libertad Avanza pretende sancionar la iniciativa el 18 de noviembre. Para llegar a los números necesarios necesita respaldo aliado, y ahí los seis diputados radicales aparecen como un socio indispensable.

Quiénes manejan los hilos del bloque

Los legisladores responden políticamente a cuatro gobernadores: Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). Esa pertenencia convierte la definición del bloque en un dato determinante para el tablero parlamentario.

Discapacidad: el nomenclador en disputa

El punto más caliente es la financiación de las prestaciones para personas con discapacidad. La UCR respaldó el dictamen de mayoría, que conserva el nomenclador nacional y fija mecanismos permanentes de actualización para las prestaciones y las pensiones no contributivas por invalidez.

El reclamo concreto: sacar del Presupuesto los artículos que modifican la legislación vigente e incorporar las disposiciones de ese dictamen, junto con las partidas que permitan cumplirlas.

La postura sumó acompañamiento de otros espacios de Fuerzas del Cambio, como el PRO, el MID y Por Santa Cruz.

El proyecto original del Ejecutivo incluía cuatro artículos que tocaban aspectos centrales de la Ley 27.793, la norma que declaró la emergencia en discapacidad hasta fines de 2026. Frente al rechazo opositor, el oficialismo empezó a evaluar la posibilidad de eliminar esas modificaciones.

AUH, embarazo y ayuda escolar: lo que piden sostener

El otro eje del reclamo radical es la movilidad de las prestaciones sociales. Los diputados exigen conservar la fórmula que ajusta los montos según la inflación.

La solicitud abarca la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y la ayuda escolar, entre otras prestaciones del régimen de protección social.

El proyecto del Gobierno contempló eliminar esos mecanismos de actualización automática. Las cifras presentadas indican que el Estado destinaría cerca de 9,18 billones de pesos al pago de beneficios que llegan a más de cuatro millones de personas.

Universidades: la diferencia que sigue abierta

El financiamiento universitario también quedó sin definición. El Gobierno nacional fijó una asignación de 7,3 billones de pesos, mientras que las instituciones reclaman 11 billones para cubrir sus necesidades.

Ante esa brecha, los diputados radicales esperaban escuchar las exposiciones del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, antes de tomar una posición definitiva.

El tema se sumó a la negociación por el Presupuesto 2027, en un contexto de reclamos por más recursos para el funcionamiento del sistema universitario.

El MID se suma con pedidos propios

El diputado nacional del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Eduardo Falcone, coincidió con la necesidad de incorporar las disposiciones del dictamen de mayoría sobre discapacidad y de ampliar los recursos para ese sector.

En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, el legislador también pidió más fondos para las Becas Manuel Belgrano, destinadas a estudiantes de carreras consideradas estratégicas para el desarrollo económico y tecnológico.

Falcone reclamó además reasignar recursos de un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para reactivar las obras de la autovía Mercedes-Suipacha, con continuidad hacia Bragado.

Y solicitó retomar y terminar los trabajos de 27 kilómetros de la Ruta Nacional 3, entre San Miguel del Monte y el acceso a Gorchs.

Cuánto costaría aplicar los cambios

El Ministerio de Economía contempló 7,25 billones de pesos para el área de discapacidad. De ese total, 6,094 billones se asignaron a pensiones no contributivas por invalidez laboral y cerca de 1,1 billones a la atención médica de los beneficiarios.

La aplicación de las modificaciones previstas en el dictamen respaldado por la oposición tendría un impacto fiscal adicional estimado en 600.000 millones de pesos durante 2027. Por eso los bloques exigen partidas específicas que garanticen el financiamiento.

Mientras La Libertad Avanza impulsaba una iniciativa para mantener vigentes ciertos aspectos de la legislación, sectores opositores promovían prorrogar un año más la emergencia en discapacidad.

Discapacidad, asignaciones sociales y universidades quedaron así como los principales obstáculos que el oficialismo deberá destrabar si quiere reunir los votos para aprobar el Presupuesto 2027. (NA)