La UCR volvió a la carga: ahora apunta contra la reforma de la Ley de Manejo del Fuego
La UCR logró que el Gobierno retire el capítulo que reformaba la Ley de Manejo del Fuego. ¿Qué argumentos esgrimieron los senadores radicales? Los detalles de una jornada de presión política.
La presión radical no cesa. Después de lograr que el Gobierno retire los capítulos más polémicos del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la UCR redobló su ofensiva y ahora apunta directamente contra la reforma de la Ley de Manejo del Fuego. Con una masiva columna en la plaza del Congreso y una campaña sostenida en redes sociales, los boina blanca lograron que el oficialismo diera marcha atrás con la quita de restricciones que buscaba imponer en tierras incendiadas.
El proyecto oficial, que ya había sufrido dos derrotas parciales, sumó una nueva baja: el apartado que limitaba severamente la protección ambiental establecida por la ley sancionada en 2020. Los votos radicales fueron determinantes, y algunos senadores ya habían anticipado su rechazo durante la discusión parlamentaria.
¿Quiénes fueron los senadores que se opusieron?
El bonaerense Maximiliano Abad y la chubutense Edith Terenzi, quien es radical pero no integra el bloque, fueron los primeros en marcar la cancha. Ambos esgrimieron argumentos de inconstitucionalidad y la necesidad de proteger las áreas afectadas por incendios.
La movilización, que contó con la presencia de la Juventud Radical Nacional, la Franja Morada y el Comité porteño, tuvo un fuerte componente simbólico. Bajo la consigna “por la tierra y por el agua”, los manifestantes pidieron a los senadores que “voten con el pueblo” y rechazaron la extranjerización de tierras.
Presión en redes y un mensaje directo
Mientras la columna se desarrollaba en la plaza, las redes sociales ardían con mensajes dirigidos a los senadores radicales. La diputada nacional Mariela Coletta fue contundente: “Todos sabemos que hay quienes queman tierras para venderlas con fines oscuros”, escribió en X, y agregó que el capítulo eliminado “significa eliminar las prohibiciones de uso de suelo por plazos de hasta 60 años tras incendios”. Además, pidió el voto en contra a todo el bloque de la UCR: “Son responsables. Los estamos mirando”.
El presidente de la Juventud Radical Nacional, Nahuel Breglia, también se dirigió directamente a los senadores boina blanca: “Está en sus manos que nuestras tierras no sufran incendios intencionales para venderlas después. Son nuestros bosques, nuestras reservas naturales, todo eso que hace única a la Argentina”.
Datos que preocupan
Las cifras respaldan la preocupación. Solo en 2025 se quemaron más de 300.000 hectáreas en el país, el equivalente a 15 ciudades de Buenos Aires. En los primeros seis años de esta década, el número de tierras incendiadas se acerca a los tres millones de hectáreas.
Según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el 95% de los incendios responde a la actividad humana. De ese total, el 88% corresponde a hechos intencionales o de causa no explicada, mientras que el resto es atribuido a negligencia. En muchos casos, las quemas son provocadas para devaluar tierras y facilitar su compra por el lobby inmobiliario a precios muy inferiores al valor de mercado, especialmente en humedales, bosques nativos y zonas periurbanas.
Qué establece la ley que el Gobierno quería modificar
La modificación a la Ley de Manejo del Fuego impulsada en 2020 por Máximo Kirchner buscó fortalecer la protección de las tierras. La normativa actual, que el Gobierno de Milei intentó acotar al mínimo, prohíbe el cambio de uso del suelo en tierras incendiadas por períodos de 30 o 60 años, de acuerdo a su valor ecosistémico. Además, prohíbe la venta de superficies afectadas cuando se trata de tierras fiscales, mientras que en la propiedad privada se limita a bosques nativos, implantados, áreas protegidas y humedales.
Para la propiedad privada, la venta está permitida, pero no se habilita el cambio de uso del suelo ni la realización de emprendimientos inmobiliarios. En el caso de zonas agropecuarias, praderas, pastizales y matorrales, tampoco se prohíbe la venta, sino el desarrollo de actividades agropecuarias distintas a las originales. El nuevo apartado que el Gobierno tuvo que retirar buscaba eliminar por completo estas restricciones, sosteniendo apenas algunos límites para bosques nativos.