La UIA le pide a Milei frenar embargos: el pedido que incomoda al Gobierno

La Unión Industrial Argentina (UIA) presentó un reclamo formal ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para que el Gobierno de Javier Milei implemente un paquete de alivio fiscal destinado a las pymes, en un contexto que la propia entidad definió como de "asfixia financiera".

La solicitud incluye la suspensión por 180 días de embargos y ejecuciones fiscales, la modificación de los anticipos de Ganancias, la postergación de vencimientos de IVA y contribuciones patronales, y una reducción en el costo del financiamiento. La medida busca dar aire a pequeñas y medianas empresas que enfrentan una caída sostenida de la actividad y un acceso cada vez más restringido al crédito.

Un pedido que marca un quiebre

El reclamo no es menor si se tiene en cuenta el histórico alineamiento de la UIA con las políticas del oficialismo. La entidad acompañó reformas clave como la laboral, la baja de retenciones para algunos productos industriales y otros cambios regulatorios orientados a mejorar la competitividad.

Sin embargo, la recesión, la caída del consumo, la presión importadora y el alto costo del crédito están generando un malestar creciente que ya no se limita a las cámaras más pequeñas o a los sectores regionales. Ahora es la conducción nacional de la industria la que sale a pedir medidas concretas de emergencia.

Qué respondió ARCA

Desde el organismo recaudador, que reemplazó a la AFIP, se excusaron señalando que varias de las propuestas dependen de decisiones del Ministerio de Economía. Aun así, se comprometieron a analizar algunas de las solicitudes, como ampliar el universo de contribuyentes que pueden compensar créditos o revisar los montos mínimos para solicitar reducciones en los anticipos de Ganancias.

La UIA y ARCA acordaron volver a reunirse en un plazo de 45 días para evaluar avances.

Números que preocupan

El último relevamiento de la UIA muestra que la producción manufacturera cerró el primer semestre con una contracción interanual del 3%, y que el nivel de actividad se ubica cerca de un 10% por debajo de los registros de 2022 y 2023. Solo en junio, la caída interanual fue del 1,8%, según el Centro de Estudios de la entidad.

El empleo también es un punto crítico. En mayo se perdieron 3.157 puestos de trabajo registrados en el sector respecto del mes anterior. Y el deterioro viene de antes: para febrero, la industria manufacturera ya había perdido 48.950 empleos formales en un año, acumulando 26 meses consecutivos de caída en el empleo registrado.

Con estos números, el pedido de suspender embargos por seis meses no es un capricho. Cuando una empresa vende menos y produce menos, pero debe afrontar tasas altas para financiar su capital de trabajo, el pago de impuestos se convierte en un problema de liquidez, incluso si en términos contables todavía es rentable.

La UIA explicó en su presentación que la suspensión de embargos y ejecuciones fiscales por 180 días es una "medida transitoria frente a la asfixia financiera derivada de la suba de tasas, la caída de actividad y la restricción del crédito". También cuestionó que el costo de los planes de financiación tributaria siga siendo elevado a pesar de la desaceleración de la inflación, y pidió que se reduzca la tasa que pagan las pymes.

El trasfondo del conflicto

La relación entre el Gobierno y la UIA ya había mostrado fisuras en agosto, cuando dirigentes industriales cuestionaron al ministro de Economía, Luis Caputo, por calificar de "tarados" a quienes advertían sobre la situación del sector. Los empresarios reclamaron "respeto" y señalaron que la industria acumula meses de caídas y enfrenta "tasas de interés altas".

Ese episodio dejó en evidencia una tensión que hasta entonces estaba latente: las entidades empresarias pueden acompañar la orientación general del Gobierno, pero cuando la recesión golpea directamente los balances de sus asociados, la defensa del programa económico pasa a un segundo plano frente a la urgencia de sobrevivir.