La única procesada por el narco en las cárceles: su defensa, en tres frases

La ex interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), María Laura Garrigós de Rébori, salió a responder públicamente por su procesamiento y apuntó contra los fiscales de la Procunar, a quienes acusa de armar una causa selectiva por el avance del narco en las cárceles.

La imputación la firmó el juez federal de Rosario Carlos Vera Barros: abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. La acusa de no haber impedido que los líderes de las bandas narcos siguieran comunicándose desde la cárcel con sus organizaciones durante su gestión.

Garrigós habló con el stream El Ciudadano Política, defendió su paso por el organismo y calificó de "chiste" la exigencia legal sobre los inhibidores de señal.

De la pandemia al banquillo

La funcionaria recordó cómo llegó al cargo: en 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández, fue designada primero como interventora y después como subsecretaria de Asuntos Penitenciarios. El contexto era la emergencia sanitaria, con los penales aislados y un contagio imposible de frenar.

"La situación dentro de los penales fue gravísima, porque estábamos aislados y allí no era posible cumplirlo", relató sobre las medidas de cuidado. A eso se sumaba que el personal penitenciario, considerado indispensable, entraba y salía todos los días, sin vacunas, tratamientos ni respiradores suficientes.

En ese marco se produjo el motín en la unidad de Devoto, que terminó con dos muertos. Y el juez federal de Lomas de Zamora, con jurisdicción sobre Ezeiza, allanó el área de Inteligencia del SPF y procesó a toda la dirección. Su nombramiento como subsecretaria vino acompañado de una intervención, explicó, porque el subsecretario no tiene firma ni autoridad para tomar decisiones urgentes en una emergencia así.

"Era imposible controlar eso"

Garrigós tiene 42 años en el Poder Judicial y 25 como jueza penal. Sobre el procesamiento fue tajante: "Si hubiera creído que estaba cometiendo un delito, hubiera actuado de otra manera".

La acusación sostiene que no controlaba el ingreso de celulares a las unidades. Su respuesta: "La verdad es que era imposible para mí controlar eso". Y agregó que ninguno de los hallazgos que mencionan los fiscales ocurrió mientras ella era interventora, porque en la pandemia las visitas estaban suspendidas y no había forma de que alguien introdujera teléfonos.

Durante ese período se instalaron computadoras en los penales para que los detenidos mantuvieran contacto con sus abogados y sus familias, todas manejadas por el Servicio Penitenciario. También existían los teléfonos públicos de los pabellones, que funcionan con tarjetas. La ley de ejecución reconoce el derecho de las personas privadas de libertad a comunicarse con sus familiares y establece que esa comunicación no puede ser intervenida por el Servicio Penitenciario, salvo con orden judicial.

"Probablemente en los teléfonos directos habrán hablado, pero sin orden judicial, el Servicio Penitenciario no puede intervenir", sostuvo.

El argumento de los inhibidores

Uno de los ejes de la causa es que no se habrían arbitrado los medios para instalar inhibidores de señal en las unidades del SPF. Para la ex funcionaria, eso "es un chiste".

Explicó que la obligación figura en un renglón de una modificación legal de 2017 y que desde entonces no hay inhibidores en las cárceles. En Piñero pusieron uno y lo tuvieron que sacar porque bloqueaba los celulares de todo el barrio; ahora instalaron otro más controlable. En Ezeiza colocaron un bloqueador de chip que terminó afectando a los defensores que iban a ver a sus clientes.

En el resto de las unidades del país, y en los servicios penitenciarios provinciales, no hay aparatos de ese tipo. "Si fuera tan fácil, los bancos tendrían inhibidores", comparó, y señaló que no se puede controlar el radio de afectación, que hay que importarlos y que son carísimos.

Recordó además que su antecesor, Juan Bautista Mahiques, durante el gobierno de Macri, trajo un lote de inhibidores que nunca pudieron ingresar: Aduana no los autorizó porque una resolución del Ministerio de Salud advertía que podían afectar el funcionamiento cerebral y porque los equipos no cumplían ciertas características técnicas. Recientemente fueron destruidos.

La sospecha de la selectividad

Garrigós cuestionó por qué la Justicia se ocupa solo de los inhibidores durante su gestión. Mencionó que no hay inhibidores en Marcos Paz, ni en la nueva Marcos Paz adonde llevan a los desalojados de Devoto, ni en Chaco, ni en Salta, ni en Rawson, donde están los presos de máxima seguridad. "Esa selección me llama la atención", afirmó.

Sobre la Procunar, dijo que no vio a esos fiscales en los diarios por otra causa importante, ni de Rosario ni del resto del país, y que esta causa, "menor y fácilmente rebatible", ya salió tres veces en el diario. También apuntó que no presentaron pruebas cuando la llamaron a indagatoria.

Le preguntaron si sospecha una persecución política. Fue prudente: "No creo que sea una cuestión tan política".

Qué sigue en el expediente

La defensa de Garrigós planteó la nulidad de la indagatoria y del procesamiento que se basa en ella. Ahora la Cámara de Apelaciones deberá resolver. La ex funcionaria aclaró que el procesamiento no es una sentencia.

"Al juez lo convencen los fiscales, porque en realidad lo que hay en el expediente son dictámenes de fiscales", explicó. Puso como ejemplo el secuestro de un celular en la celda de un detenido en 2022, cuando ella ya no estaba en el cargo.

"También la gente comete homicidios y no por eso el secretario de Seguridad o el ministro de Justicia es procesado por incumplimiento", comparó. Y detalló el procedimiento que se aplicaba cuando se encontraba algo: los agentes federales quedaban a disposición de los jueces federales, se labraba un sumario administrativo y se informaba al juez. Después, si los magistrados de Morón o Lomas de Zamora avanzaban, dijo, es algo que no puede saber.

Por último, recordó que pidió apartar a los fiscales por considerar que hay una desigualdad ante la ley: no se puede investigar lo que pasó en unos meses y no lo del mes siguiente. La recusación fue rechazada, pero aclaró que todavía puede seguir planteándola. "Si soy culpable es de haber cumplido la ley, de haber permitido que hablaran por teléfono público", cerró.