«La Unidad Penal se está utilizando como castigo»: el fallo que dejó en libertad al imputado de los Contratos Truchos

La jueza de Garantías Marina Barbagelata resolvió este miércoles excarcelar a Alejandro Almada, imputado por fraude contra la Administración Pública en la megacausa de los Contratos Truchos de la Legislatura entrerriana. La decisión llegó al cierre de una audiencia tensa, en la que la defensa y la Fiscalía midieron fuerzas durante horas.

«Bien, le voy a dar la razón a la defensa», sentenció la magistrada para cerrar el debate y habilitar la salida del detenido, que estaba alojado en la Unidad Penal N° 1 de Paraná desde el 13 de septiembre.

El expediente ya fue elevado a juicio con 18 imputados. Para Almada, la Fiscalía reclama una pena de 10 años de cárcel.

Qué pidió la defensa

El abogado defensor Miguel Ángel Cullen sostuvo que el empleado legislativo no podía continuar privado de su libertad y propuso que el proceso siga en libertad, con restricciones para salir de Paraná. Como caución real ofreció la casa familiar del acusado, en calle Los Ceibos 1159.

La caución es una garantía de carácter económico o patrimonial que una persona entrega para asegurar el cumplimiento de una obligación. El defensor sumó otras dos condiciones: la quita del pasaporte y la comunicación a Migraciones sobre la prohibición de salir del país.

La jueza hizo lugar al planteo y rechazó el pedido de los fiscales, que habían solicitado una prórroga de la prisión preventiva por 90 días en la Unidad Penal de Paraná, es decir hasta febrero de 2027.

El riesgo de fuga, eje del debate

La audiencia arrancó con la exposición del fiscal Ignacio Aramberry, quien afirmó que «sigue latente el riesgo de fuga». Lo acompañó su colega Patricia Yedro y adhirieron los representantes de la Fiscalía de Estado.

«En el reciente caso entendemos que no existe una variación de las circunstancias que condujeron a dictar la presión preventiva porque no ha variado la génesis del riesgo que cabe impedir estos elementos objetivos que hemos relevado en su momento», planteó el fiscal.

Aramberry repitió los argumentos de instancias anteriores. Señaló que Almada ya incumplió las medidas restrictivas impuestas en 2019, cuando fue apresado por primera vez; que cruzó la frontera con Brasil unas 400 veces; que cuenta con capital económico para fugarse y que una empresa de su expareja, Micaela Banegas, se dedica a la venta de paquetes turísticos, lo que facilitaría una evasión.

«Existe un riesgo concreto, latente y verosímil de fuga. Quizás la defensa intente decir que en realidad Almada se presentó espontáneamente al momento de conocer la existencia de un pedido de detención en su contra y esto elimina cualquier riesgo de fuga. Nosotros entendemos que en realidad es una falacia lógica pensar en este sentido porque en realidad esta conducta no termina siendo un acto auténticamente espontáneo, sino que justamente se origina por la existencia de una orden de detención ya librada por la autoridad judicial», afirmó.

El fiscal también recordó que la causa fue elevada a juicio y que debe asegurarse la presencia del imputado en el debate oral. «No puede ser procedente en el presente caso la morigeración de la prisión preventiva», reclamó. Yedro agregó: «No encontramos una medida menos adecuada».

La respuesta de Cullen

El defensor cuestionó con dureza la postura de los fiscales. «La verdad es que cada vez se me hace más difícil acudir a estos estrados, en esta causa en particular y frente a esta situación en particular, por múltiples razones, pero la principal es que se insiste con el riesgo de fugar, que el propio Almada eliminó cuando compareció. Si hubiese mudado su centro de vida, no tendría 400 salidas. Tendría una. No es una falacia lógica, es un dato de la realidad», respondió.

Más adelante redobló la crítica: «La Unidad Penal se está utilizando en este caso como un castigo». Y se preguntó: «¿Qué es lo que quieren? Ofrecimos una caución real (la casa), porque no es millonario como se dijo acá».

Sobre la expareja del imputado, sostuvo: «Micaela y su hermano son empresarios hace muchos años. ¿No puede tener una vida propia a pesar de estar separada de Almada?». Y cerró: «Ya está. No hay ningún justificativo serio. Propusimos la quita del pasaporte, el aviso a Migraciones y presentarse en la Comisaría. Aún así no se evaluó otra alternativa que no sea la cárcel».

Cullen insistió con ese argumento y la jueza lo frenó en seco. «Es la tercera vez que me lo dice», lo interrumpió, y le dio paso al cierre de su alocución.

Las condiciones de la libertad

Tras escucharlo, Barbagelata dispuso la libertad de Almada con una serie de obligaciones. El imputado deberá presentar toda la documentación correspondiente a la vivienda de calle Los Ceibos, que será aceptada como caución. La magistrada explicó que, si Almada se fuga, «la casa va a quedar para el Estado».

Antes de retirarse, le reiteró la prohibición de moverse del ejido: «No puede salir de Paraná, no puede ir a Oro Verde, ni a San Benito. No puede salir de Paraná, señor Almada». El acusado asintió con la cabeza.

Quién es Almada y su vínculo con la causa

Hasta que cayó preso este año, cuando se entregó en Migraciones en Foz de Iguaçu (Brasil), Almada trabajaba home office para la Cámara de Diputados de la provincia.

Su cuñado es el ya exempleado del Senado —fue cesanteado recientemente— Juan Pablo Aguilera, quien cumple prisión en la cárcel de Gualeguaychú junto a su cuñado, el exgobernador Sergio Urribarri. Ambos fueron condenados en el Megajuicio de 2022.