En Exactas aprobaron por unanimidad el repudio a la exoneración de Virginia Aparicio. En Agronomía, el oficialismo frenó la misma declaración y desde Horizonte apuntan contra la decana. La grieta que abrió el caso en la UNLPam.
La exoneración de Virginia Aparicio, la única investigadora desafectada en 70 años de historia del INTA, desató una grieta interna en la Universidad Nacional de La Pampa. Mientras el Consejo Directivo de Ciencias Exactas y Naturales aprobó por unanimidad una resolución que repudia la sanción, el oficialismo de Agronomía bloqueó una declaración similar en su propia casa de estudios.
El organismo que conduce la facultad de Exactas, a partir de un proyecto motorizado desde el Decanato, no solo manifestó su rechazo: también reclamó al Consejo Superior de la UNLPam que exprese "su más enérgico repudio a la sanción impuesta a la investigadora Aparicio". La iniciativa quedó plasmada en la Resolución CD 456 y contó con el aval de todos los consejeros presentes.
Qué encontró la investigación que incomoda
Aparicio coordinó en Argentina el Proyecto Sprint (Transición Sostenible de Protección Vegetal), un estudio internacional financiado por la Unión Europea que midió residuos de plaguicidas en 11 países. Argentina fue el único participante fuera del continente europeo.
El trabajo analizó muestras de suelo, agua, aire, alimentos y fluidos humanos —sangre, orina y materia fecal— tomadas a personas voluntarias de zonas rurales bonaerenses. Los resultados encendieron alarmas: se detectó glifosato en el 100% de las muestras de materia fecal y en el 86% de las muestras de sangre analizadas en el país, niveles que superan con creces los promedios europeos.
Los cargos que el INTA usó para echarla
En octubre de 2026, el Consejo Directivo del INTA dispuso su exoneración, la pena más dura del empleo público: expulsión definitiva e inhabilitación para ocupar cargos en la Administración Pública Nacional.
El sumario administrativo que sustentó la medida apuntó a presuntas irregularidades en la gestión del proyecto. Se le cuestionó haber asignado roles de coordinación clave a una persona sin vínculo laboral vigente con el instituto —su pareja, un exinvestigador ya retirado del INTA—. También se señalaron decisiones operativas no autorizadas en el uso de los fondos europeos, como el envío de muestras biológicas a laboratorios del exterior. La propia resolución del INTA reconoce que esa maniobra no generó perjuicio económico comprobado al Estado ni beneficio patrimonial directo para Aparicio.
El organismo además adujo violaciones a normas internas de confidencialidad, canalización de datos sin aval de autoridades sanitarias y modificación de protocolos establecidos.
Para Aparicio y para sectores ambientalistas, gremiales y facultades universitarias que se pronunciaron en su defensa, las faltas administrativas son un pretexto sin sustento para encubrir una persecución institucional y censura científica. Sostienen que el conflicto real se desató después de que se difundieran los hallazgos sobre plaguicidas.
El texto completo que aprobó Exactas
El Consejo Directivo de Exactas advirtió que Aparicio "ha sido sancionada con la exoneración en un contexto de marcadas tensiones institucionales y presiones extra-científicas", desatadas a partir de la difusión de los datos preliminares del proyecto SPRINT (Sustainable Plant Protection Transition: A Global Health Approach), financiado por el Programa Horizonte 2020 de la Unión Europea y aprobado por el Consejo Directivo del INTA.
Esos resultados preliminares, recordó el cuerpo, "evidenciaron la presencia de plaguicidas en personas, suelos, aguas superficiales y subterráneas, alimentos y polvo hogareño de zonas rurales bonaerenses".
Las "presuntas irregularidades o las observaciones de carácter administrativo" invocadas en el sumario, según el Consejo, "no pueden considerarse pretexto suficiente para dar de baja líneas de investigación estratégicas para el país ni pueden anteponerse al valor de los resultados obtenidos".
Para el órgano universitario, medidas disciplinarias como la exoneración "atentan contra la libertad de investigación y el derecho colectivo de la sociedad a acceder al conocimiento científico y a la información pública ambiental", dos pilares para tutelar el derecho humano a la salud y a un ambiente sano consagrados en el artículo 41 de la Constitución Nacional.
"Este Cuerpo no puede permanecer indiferente ante actos de persecución laboral, disciplinamiento y censura dirigidos a investigadores e investigadoras que abordan problemáticas socioambientales sensibles vinculadas a los modelos productivos hegemónicos", fundamentó el Consejo al exigir la revisión de la medida contra la doctora Aparicio.
Agronomía: el oficialismo dijo no
En la Facultad de Agronomía no hubo pronunciamiento del Consejo Directivo. Según la agrupación Horizonte, la decana María Lía Molas impidió que se tratara la declaración de rechazo a la exoneración de Aparicio, investigadora del INTA y del CONICET.
"Desde la agrupación Horizonte expresamos nuestra profunda preocupación por la decisión del oficialismo del Consejo Directivo de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa de no acompañar el proyecto de resolución que presentamos para manifestar el rechazo a la exoneración de la Dra. Virginia Aparicio", señalaron.
La iniciativa se trató en la sesión del 6 de noviembre y proponía expresar la preocupación institucional ante "una sanción de extrema gravedad", reclamar el respeto al debido proceso, al derecho de defensa y a la proporcionalidad de las medidas disciplinarias, y resguardar las condiciones para investigar y comunicar resultados con independencia.
"Consideramos especialmente grave que el oficialismo de nuestra Facultad haya decidido no acompañar una declaración institucional", advirtieron. Y agregaron que no se trataba de desconocer las competencias administrativas del INTA ni de sustituir sus procedimientos, sino de defender "la libertad científica, la independencia de criterio, el derecho a comunicar resultados y las garantías de un procedimiento justo y transparente".
Horizonte también citó al docente de la casa e investigador del INTA Beto Quiroga, quien reflexionó públicamente sobre la necesidad de preservar la independencia de los profesionales vinculados al agro frente a intereses económicos y presiones que pueden condicionar sus recomendaciones. "Su planteo resulta particularmente oportuno: esa independencia no puede ser solamente una responsabilidad individual de quienes ejercen la profesión", sostuvieron.
Para la agrupación, Agronomía tiene una responsabilidad particular por su vínculo con el sector productivo y las empresas. "Su vinculación con el sector productivo, las empresas y las instituciones científicas debe construirse sobre la autonomía académica, el pensamiento crítico y la posibilidad de investigar y expresar resultados, incluso cuando estos resulten incómodos o cuestionen prácticas e intereses establecidos", resaltaron.
En un contexto de debilitamiento del sistema científico y tecnológico público, reclamaron que las universidades asuman un papel activo. "No podemos promover la formación de profesionales críticos e independientes y, al mismo tiempo, dejar pasar la oportunidad de pronunciarnos institucionalmente cuando esos valores están en discusión", reflexionaron.
"Lamentamos que la Decana y el resto del oficialismo hayan impedido una declaración sobre una cuestión que, a nuestro entender, debería trascender cualquier posicionamiento político", manifestaron. Y cerraron: "Desde Horizonte reafirmamos nuestro compromiso con una Facultad de Agronomía que defienda la ciencia pública, la libertad de investigación, la autonomía profesional y la responsabilidad social del conocimiento. No solo mediante sus discursos, sino también a través de sus decisiones".
