La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNLPam aprobó por unanimidad una resolución que rechaza la exoneración de una investigadora del INTA y pide rever la medida. Qué hay detrás de la sanción que generó tensiones institucionales y por qué la universidad advierte sobre el futuro de la investigación científica.
El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa aprobó por unanimidad una resolución en la que rechaza la exoneración de la doctora Virginia Carolina Aparicio, investigadora del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y reclama que se revise esa medida disciplinaria.
La decisión quedó plasmada en la Resolución CD 456, impulsada desde el Decanato, y contó con el voto favorable de todos los consejeros presentes. Además de repudiar la sanción, el cuerpo universitario pidió al Consejo Superior de la UNLPam que manifieste "su más enérgico repudio a la sanción impuesta a la investigadora Aparicio".
El contexto de la sanción
Según el Consejo Directivo, la exoneración de Aparicio se produjo en un marco de "marcadas tensiones institucionales y presiones extra-científicas". Esas tensiones, señala la resolución, se desataron a partir de la difusión de los datos preliminares del proyecto internacional SPRINT (Sustainable Plant Protection Transition: A Global Health Approach / Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global).
Se trata de una iniciativa financiada por el Programa Horizonte 2020 de la Unión Europea y aprobada por el Consejo Directivo del INTA. Sus resultados preliminares, recordó el cuerpo universitario, "evidenciaron la presencia de plaguicidas en personas, suelos, aguas superficiales y subterráneas, alimentos y polvo hogareño de zonas rurales bonaerenses".
Los argumentos del repudio
El Consejo Directivo sostuvo que las "presuntas irregularidades o las observaciones de carácter administrativo" invocadas en el sumario contra Aparicio "no pueden considerarse pretexto suficiente para dar de baja líneas de investigación estratégicas para el país ni pueden anteponerse al valor de los resultados obtenidos".
Más aún, advirtió que medidas disciplinarias como la exoneración de una investigadora "atentan contra la libertad de investigación y el derecho colectivo de la sociedad a acceder al conocimiento científico y a la información pública ambiental". A su juicio, ambos son pilares indispensables para la tutela efectiva del derecho humano a la salud y a un ambiente sano y equilibrado, consagrados en el artículo 41 de la Constitución Nacional.
"Este Cuerpo no puede permanecer indiferente ante actos de persecución laboral, disciplinamiento y censura dirigidos a investigadores e investigadoras que abordan problemáticas socioambientales sensibles vinculadas a los modelos productivos hegemónicos", fundamentó el órgano.
La resolución también exige la revisión de la medida sancionatoria contra la doctora Aparicio y solicita al Consejo Superior de la UNLPam una manifestación en el mismo sentido. El texto lleva la firma de Prensa de la FCEyN.
