La UNPA contra las cuerdas: el Consejo Superior alza la voz y exige respuestas

En una movida contundente, el Consejo Superior de la UNPA aprobó una declaración que sacude el tablero político universitario. Las autoridades no solo expresaron su profunda preocupación y enérgico rechazo ante el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sino que también pusieron el dedo en la llaga: exigen al Gobierno Nacional una respuesta inmediata.

La decisión se tomó en el marco de la tercera sesión ordinaria del Consejo, luego de que los gremios ADIUNPA y ATUNPA presionaran para que el cuerpo se pronunciara sobre el incumplimiento de la Ley 27.795 por parte del Poder Ejecutivo. La resolución, que lleva la firma de todos los integrantes, no se queda en el repudio: va más allá y reclama el cumplimiento integral de las decisiones judiciales vigentes, la actualización presupuestaria, la recomposición salarial, la plena vigencia de los convenios colectivos y la actualización de las becas estudiantiles.

¿Cuál es el verdadero impacto del recorte?

Según confirmaron desde ATUNPA a TiempoSur, el retraso en los fondos para la universidad patagónica ronda el 32%. Una cifra que no es menor y que pone en jaque el funcionamiento diario de la casa de altos estudios.

El documento también deja en claro que el Estado Nacional tiene una responsabilidad principal e indelegable en el financiamiento universitario. Además, ratifica el carácter público, gratuito, autónomo, autárquico, cogobernado, inclusivo, democrático, latinoamericanista y federal de la Universidad argentina. Y en un gesto de firmeza, rechaza de plano cualquier intento de arancelar los estudios de grado por motivos de nacionalidad o condición migratoria, desmarcándose de las acusaciones que buscan culpar a los estudiantes extranjeros por la crisis presupuestaria.

El cruce con Milei y la defensa de la educación pública

Las autoridades académicas no se callaron nada y salieron al cruce de las declaraciones del presidente Javier Milei, quien tildó de terroristas a estudiantes, periodistas, docentes y científicos. Para el Consejo, esas palabras contribuyen a una forma de estigmatización y amedrentamiento incompatible con la convivencia democrática, y llaman a respaldar el legítimo ejercicio de los derechos de quienes estudian, trabajan, enseñan, investigan, realizan tareas de extensión, informan y se organizan en defensa de la Universidad Pública.

El cierre de la declaración es un llamado a la acción: convocan a la comunidad universitaria y a la sociedad a defender el presupuesto universitario, la producción soberana de conocimiento, las condiciones dignas de estudio y trabajo y la unidad fundada en los consensos históricos de la Universidad.