La UNPA se plantó contra Nación y ya tiene fecha para la marcha en Santa Cruz

La UNPA se plantó contra Nación y convocó a una marcha para el mes que viene: a miles de familias santacruceñas les toca el bolsillo y la discusión por el financiamiento universitario no parece encontrar salida.

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La UNPA se plantó contra Nación y ya tiene fecha para la marcha en Santa Cruz
La UNPA se plantó contra Nación y ya tiene fecha para la marcha en Santa Cruz

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral decidió involucrar a la institución en una nueva protesta contra el Gobierno nacional por el financiamiento universitario. La convocatoria apunta a docentes, trabajadores, estudiantes y a toda la comunidad santacruceña, que volverá a movilizarse en las calles.

La tensión entre las universidades públicas y la Casa Rosada sumará otro capítulo en Santa Cruz. La UNPA resolvió sumarse institucionalmente a la convocatoria luego de que su Consejo Superior sesionara en Puerto San Julián y analizara la situación presupuestaria que atraviesa el sistema universitario en todo el país.

La resolución no dejó margen para dudas: la casa de altos estudios llamó a participar de la denominada "Marcha de la Bronca" del sábado 19 de septiembre. En Río Gallegos, la concentración está prevista para las 17:00 y forma parte de una jornada de protesta que se extenderá a otras ciudades.

El reclamo de fondo

El eje del reclamo apunta directamente al Gobierno nacional por la falta de aplicación efectiva de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente y Nodocente.

La norma fue sancionada por el Congreso en 2025, resistida inicialmente por el Poder Ejecutivo y finalmente ratificada por ambas cámaras con los dos tercios necesarios. Su promulgación quedó oficializada el 21 de octubre de ese año.

La UNPA sostuvo que el pasado 18 de agosto se cumplieron 300 días sin ejecución efectiva de la ley, situación que la universidad vincula con dificultades para sostener salarios, funcionamiento, infraestructura, investigación y políticas destinadas a los estudiantes.

La Ley 27.795 tiene justamente como objetivo garantizar el sostenimiento del financiamiento de las universidades públicas de todo el país y contempla partidas destinadas tanto al funcionamiento como a las condiciones salariales de docentes y trabajadores nodocentes.

Desde el Gobierno nacional, en cambio, se han planteado cuestionamientos vinculados con las auditorías, los registros de estudiantes y la rendición de cuentas de las universidades, argumentos que las autoridades universitarias rechazan como fundamento para no aplicar plenamente la norma.

Qué puede afectar en Santa Cruz

El conflicto tiene una particular importancia provincial porque la UNPA sostiene una estructura distribuida territorialmente entre Río Gallegos, Caleta Olivia, Puerto San Julián y Río Turbio, además de actividades académicas, científicas y de extensión vinculadas directamente con distintas localidades santacruceñas.

Desde el Consejo Superior advirtieron que el presupuesto nacional constituye la base necesaria para sostener el funcionamiento cotidiano de la institución y remarcaron que la falta de actualización de recursos impacta sobre salarios, infraestructura, becas e investigación.

Otro frente de disputa

El pronunciamiento incorporó además otro rechazo a una medida del Gobierno nacional. El Consejo Superior repudió el DNU 366/2025, que modificó la Ley de Educación Superior y estableció que las universidades estatales pueden cobrar por los estudios de grado a extranjeros que no tengan residencia permanente en Argentina.

La medida nacional no obliga a las universidades a cobrar, sino que las habilita a hacerlo. La UNPA cuestionó esa posibilidad y sostuvo que responsabilizar a estudiantes migrantes por la situación presupuestaria universitaria desvía la discusión central sobre el financiamiento público.

Así, el 19 de septiembre la discusión volverá a salir de los despachos universitarios. En Santa Cruz, la UNPA ya decidió tomar posición y convocar formalmente a la comunidad a movilizarse contra la política universitaria del Gobierno nacional.

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