La UNSJ creó una oficina para frenar la violencia de género: 250 casos después, qué cambió

A diez años de su creación formal, la Oficina por la Igualdad de Género de la Universidad Nacional de San Juan repasa un recorrido que empezó con un borrador que no prosperó y que hoy acumula 250 situaciones abordadas.

El 30 de septiembre de 2016, el Consejo Superior de la UNSJ aprobó la Ordenanza N° 19. Ese texto creó la Oficina por la Igualdad de Género contra las Violencias y la Discriminación y, al mismo tiempo, dio luz verde al Protocolo de Intervención. La medida significó institucionalizar las políticas de género dentro de la casa de estudios, aunque el camino había arrancado bastante antes.

En 2014, docentes de un grupo de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales habían presentado un primer borrador de protocolo. Esa iniciativa no avanzó. Un año después, el 1 de septiembre de 2015, estudiantes de la misma facultad llevaron al Consejo Superior un proyecto sobre violencias de género, acoso y discriminación. El contexto era el de las movilizaciones del 3 de junio de ese año, las primeras masivas bajo la consigna Ni Una Menos.

A esos proyectos se sumaron reclamos de mujeres que se movilizaron por hechos de violencia ocurridos en el ámbito preuniversitario y en distintas unidades académicas. El proceso sumó a docentes, estudiantes y nodocentes, y contó con el empuje de la entonces vicerrectora Mónica Coca.

De las denuncias al acompañamiento

Uno de los cambios más visibles de la última década fue la puesta en marcha de un dispositivo institucional para recibir consultas, intervenir y acompañar casos de violencia y discriminación. Desde 2021, cuando empezó el registro estadístico, hasta hoy, la Oficina abordó 250 situaciones: 63 fueron denuncias formales y 187, consultas de intervención.

Los conflictos que llegan al área son variados: violencia laboral, maltrato, acoso sexual, hostigamiento, violencia de género, discriminación por orientación sexual, identidad de género o discapacidad, violencia institucional y política, además de episodios de violencia física y digital.

El modo en que la comunidad consulta también cambió. Entre 2023 y 2025 bajaron las denuncias administrativas y subieron las consultas vinculadas a la prevención. La Oficina lee ese giro como una chance de desactivar los conflictos antes de que escalen. Hacia fines de 2025 y en lo que va de este año se registraron 51 intervenciones por violencia laboral, acoso sexual, salud mental, bullying en institutos preuniversitarios y agresiones digitales.

Paula Sosa, titular del área desde hace un año, remarca la importancia de que la comunidad universitaria conozca el dispositivo y lo use antes de que la situación se agrave. "La prevención no es inmediata, con el tiempo se ve el resultado de la prevención, cuando se asesora y acompaña", señaló.

Capacitar para prevenir

La formación fue otro de los ejes sostenidos en el tiempo. La Oficina implementó la Ley Micaela para docentes, nodocentes, estudiantes y autoridades, y sumó capacitaciones específicas sobre salud mental y violencia de género.

Para Sosa, difundir el área y sus acciones sigue siendo una materia pendiente. "Hemos avanzado, pero sigue faltando", reconoció. Una de las propuestas de su gestión es formar multiplicadores dentro de la comunidad universitaria, bajo la idea de corresponsabilidad: que docentes, nodocentes y estudiantes comprometidos acerquen la información a sus pares.

Inclusión y articulación con otros organismos

La última década también dejó avances en políticas de inclusión. El Cupo Laboral Travesti-Trans se implementó junto con una Comisión Asesora Permanente y un Registro Único. La medida permitió incorporar efectivamente a integrantes del colectivo al estamento nodocente, con talleres de sensibilización para los equipos de trabajo y conversatorios sobre la experiencia en ámbitos universitarios y regionales.

El trabajo no se limita a la estructura interna de la UNSJ. La Oficina participa de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias (RUGE-CIN), interviene en espacios nacionales y regionales y, desde este año, asumió formalmente la representación institucional de la Universidad ante esa red. También mantiene articulaciones con organismos provinciales, municipios y áreas de niñez y seguridad.

Los desafíos que quedan

El balance de estos diez años no cierra la historia para la conducción actual. Persisten desigualdades, situaciones de discriminación y violencia, y obstáculos para que mujeres y diversidades accedan a los espacios de mayor jerarquía académica y política.

Sosa apunta a profundizar la institucionalización. "Si lo institucionalizamos es algo que se sostiene en el tiempo. Las políticas de género hay que institucionalizarlas, si no son débiles y son cuestionadas", afirmó. Para el próximo año, la Oficina busca tener presencia en los cursos de ingreso, para que los nuevos estudiantes sepan desde el arranque qué hace el área y cómo recurrir a ella.

El desafío, dice Sosa, no es solo que la Oficina exista, sino que cada vez más integrantes de la Universidad sepan para qué está, cómo funciona y cuándo acudir.