La UNSJ se baja de la apelación, pero los padres van por más: los 42 días que no cierran

La Universidad Nacional de San Juan retiró la apelación contra la medida cautelar que la obligaba a presentar un plan para sostener el ciclo lectivo 2026 en sus tres colegios preuniversitarios. La casa de estudios considera que ya cumplió con lo que dispuso el juez federal Leopoldo Rago Gallo al entregar los documentos con las medidas de recuperación pedagógica.

El magistrado aceptó el desistimiento, de modo que el expediente seguirá por ahora en el fuero federal sanjuanino y no subirá a la Cámara de Apelaciones de Mendoza. Aun así, la universidad se guardó una carta: dejó planteada la reserva para acudir directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación si la resolución final le resulta adversa.

Cómo nació el conflicto

Todo arrancó con una presentación de padres autoconvocados de alumnos de los colegios preuniversitarios, que reclamaron por los días de clase perdidos a causa de las medidas de fuerza docentes y no docentes. Según los cálculos de ese grupo, durante 2026 se acumularon 42 jornadas afectadas por los paros.

Con ese escenario, Rago Gallo dictó una cautelar el 9 de octubre y le ordenó a la UNSJ elaborar una propuesta concreta para asegurar la continuidad del ciclo y recuperar los días, las horas de clase y los contenidos curriculares comprometidos.

Qué incluyen los planes para los tres colegios

La universidad presentó el Plan Extraordinario de Continuidad y Recuperación Pedagógica para la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, la Escuela de Comercio Libertador General San Martín y el Colegio Central Universitario Mariano Moreno.

Las propuestas prevén un cierre extendido del ciclo lectivo, con instancias de consulta, recuperación pedagógica y evaluaciones que se desarrollarán durante noviembre y, en algunos casos, hasta diciembre. Los documentos detallan las acciones para cada establecimiento y las medidas académicas y administrativas para completar el año escolar.

En su presentación judicial, la UNSJ sostuvo que los colegios ya venían trabajando para sostener la continuidad educativa y que, tras la resolución del juez, se reforzaron distintas medidas. También indicó que las autoridades escolares y los docentes de las diferentes áreas participaron en la elaboración y aplicación de las estrategias.

Además, la universidad señaló que los equipos directivos mantuvieron contacto con los padres que pidieron información sobre el estado académico de los estudiantes y el avance de las acciones pedagógicas.

Otro de los argumentos que expuso tuvo que ver con las suspensiones de actividades por razones meteorológicas o de fuerza mayor. Según la institución, en esos casos se recurrió a la modalidad virtual cuando fue necesario interrumpir la presencialidad por motivos de seguridad.

El rechazo de los padres autoconvocados

La entrega de los planes no logró destrabar la controversia con las familias que impulsaron el reclamo judicial. Los padres autoconvocados cuestionaron que las medidas propuestas no garanticen una recuperación efectiva de las jornadas perdidas por los paros.

Entre sus objeciones, marcaron que la planificación no suma nuevos días de clases presenciales para compensar el tiempo afectado y que, en cambio, se reorganizan los contenidos para ajustarlos al calendario que queda. También pusieron en duda el uso de herramientas virtuales como mecanismo para recuperar las actividades que no pudieron desarrollarse con normalidad.

El resultado es un tira y afloja: mientras la UNSJ afirma que cumplió con la orden judicial con los planes presentados, las familias mantienen sus reparos sobre el alcance de las medidas y su capacidad para garantizar la recuperación de los aprendizajes.

La puerta que deja abierta la universidad

El desistimiento de la apelación no implica que la universidad haya renunciado a todas las vías de impugnación. En la documentación presentada ante la Justicia, la UNSJ dejó expresamente planteada la posibilidad de interponer un recurso extraordinario ante la Corte Suprema si se dicta una resolución desfavorable.

La reserva se apoya en la posible afectación de garantías constitucionales que la institución considera comprometidas: derecho de defensa, debido proceso, igualdad, propiedad, legalidad y razonabilidad. También invocó la autonomía universitaria como uno de los principios que podrían verse involucrados en una decisión adversa.

Por ahora, el expediente seguirá en la Justicia Federal de San Juan. La discusión de fondo continuará atravesada por dos posiciones contrapuestas: la de la universidad, que considera haber respondido a la exigencia judicial con los planes de recuperación, y la de los padres autoconvocados, que reclaman medidas más efectivas para compensar las clases perdidas durante el ciclo lectivo 2026.