La UNT le ganó un round clave a los ocupantes de "Las Pirámides": lo que ahora pesa sobre el líder del barrio

La Justicia federal procesó a Próspero Marcelo Sosa por usurpación, daño ambiental agravado y estelionato en el conflicto por el predio de "Las Pirámides", dentro del Parque Sierra de San Javier. La resolución del juez Guillermo Díaz Martínez incluyó un embargo por $500 millones, en una causa que lleva casi tres décadas sin resolverse del todo.

El abogado de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Máximo Castro, sostuvo que si el caso llega a juicio oral y Sosa resulta condenado deberá cumplir prisión efectiva. Para el letrado, el fallo del magistrado federal representa un avance sustancial para los intereses de la casa de estudios.

Una pelea que arrancó en 1998

El origen del conflicto se remonta a 1998, cuando la UNT presentó la primera querella por usurpación. Ese expediente terminó con el sobreseimiento de Sosa en 2008. Lejos de retroceder, con los años el ocupante consolidó su presencia en el sector y llegó a administrar un barrio irregular de unas 70 viviendas.

Sosa argumenta que tiene derecho a quedarse porque tanto él como su padre vivieron en esas tierras. La UNT, en cambio, sostiene que el predio integra el patrimonio universitario, incorporado a partir de las expropiaciones realizadas para el proyecto de la Ciudad Universitaria.

La venta de lotes que reactivó todo

El conflicto volvió a escalar en 2018, cuando la Universidad detectó la venta de lotes. A partir de esa denuncia promovió una acción civil de reivindicación y alertó sobre la apertura de caminos y el desmonte en un área ambiental protegida.

La Justicia ordenó frenar esas intervenciones. Como no se cumplió, se abrió una causa por desobediencia judicial que en 2024 terminó con una condena condicional contra Sosa y un embargo por $30 millones. Según el expediente, esa suma nunca se pagó y no aparecieron bienes para ejecutarla.

Después avanzó la nueva investigación por usurpación, daño ambiental agravado y estelionato, impulsada por el fiscal federal Agustín Chit. Ese camino desembocó en el procesamiento reciente y en el embargo millonario.

La pulseada por la propiedad sigue abierta

A pesar del avance penal, el corazón del litigio todavía no tiene dueño definido: la acción civil de reivindicación continúa en el juzgado de Díaz Martínez y se complicó con la aparición de compradores de lotes que alegan haber actuado "de buena fe".

Si la UNT logra recuperar el predio, quedará por definir qué pasa con las construcciones levantadas. La Universidad pretende que sean demolidas y que se recomponga el bosque dañado.

El caso forma parte de un problema patrimonial más amplio de la UNT en tierras de San Javier, Horco Molle y Tapia. En los últimos años la casa de estudios avanzó con la regularización de títulos y escrituras, aunque mantiene varios frentes abiertos por sectores ocupados.