La vicegobernadora mendocina no dudó: calificó de "caradurez" el reclamo de la ex diputada expulsada. Pero después metió la mano en el presupuesto universitario y propuso un esquema que pocos esperaban escuchar.
La vicegobernadora mendocina Hebe Casado no se guardó nada y calificó como una "caradurez" el reclamo de la ex diputada Janina Ortiz, quien exige el pago de 31 sueldos que, según ella, le quedaron pendientes mientras estuvo suspendida en su banca.
Ortiz pasó a la historia provincial por un motivo poco feliz: es la primera legisladora expulsada desde que volvió la democracia en Mendoza. Para Casado, su situación tenía un desenlace previsible y la ex legisladora tendría que haber renunciado mucho antes.
En declaraciones a Aconcagua Radio, la vicegobernadora fue tajante: sostuvo que reclamar el cobro por un período en el que no trabajó resulta difícil de explicar para cualquier mendocino. Y agregó que el caso era un "final anunciado", con una salida que, a su entender, debía haberse producido desde el primer día.
El costo de estirar el proceso
Casado también apuntó contra las consecuencias de alargar el trámite judicial. Según su lectura, esa demora le costó a la ciudadanía tener una banca menos representada en la Legislatura durante todo ese tiempo, un perjuicio directo para los intereses de los mendocinos.
Bullrich, la mesa propia y el costado social
La vicegobernadora se metió además en la interna del espacio nacional y se refirió a la agenda de Patricia Bullrich, a quien considera su referente política. Destacó que la ministra tiene una cercanía particular con la gente y una sensibilidad social que, a su criterio, complementa bien la gestión económica de Javier Milei.
En esa línea, reconoció que el Gobierno nacional está muy concentrado en los números y en cerrar el déficit, algo que valoró como herramienta para evitar la hiperinflación. Pero advirtió que esa obsesión por el equilibrio fiscal deja un flanco flojo: lo social, justamente por falta de cercanía.
Universidades: premios y castigos
Uno de los tramos más fuertes de la entrevista fue el referido al presupuesto universitario. Casado se manifestó a favor de discriminar entre las instituciones que muestran sus cuentas y aceptan auditorías y aquellas que no lo hacen.
Su propuesta es un esquema de "premios y castigos": dar recursos a las universidades que funcionan correctamente y aplicar restricciones a las que no cumplen con las exigencias de transparencia ni con un egreso efectivo de sus estudiantes.
La vicegobernadora argumentó que no todas las casas de estudio públicas son iguales y puso bajo la lupa a algunas creadas durante el kirchnerismo, sobre las que dijo tener dudas respecto de su gestión. En contraste, elogió a la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) por su transparencia y su apertura a las auditorías, aunque consideró necesario ajustar el nivel de egreso en ciertas carreras para optimizar el gasto social.
También dejó preguntas abiertas sobre si tiene sentido financiar carreras sin salida laboral cuando el dinero sale de los impuestos generales. Para Casado, la universidad pública está en muchos casos "anquilosada" y no se adapta a lo que demanda hoy el mercado de trabajo, a diferencia de algunas universidades privadas.
Asfalto: el plan más ambicioso en años
Sobre el estado de las calles y rutas mendocinas, Casado aseguró que las intervenciones se están haciendo en toda la provincia y remarcó que el plan de asfalto actual es el más grande de los últimos años, con obras que incluyen caminos que antes eran de jurisdicción nacional.
Eso sí, reconoció que las limitaciones presupuestarias obligan a priorizar las rutas más transitadas y las de mayor impacto para la circulación diaria. Como ejemplo mencionó la ruta San Rafael, que después de 40 años sin intervenciones significativas ahora está siendo renovada.
