La víctima del doble abuso en el barrio INTA terminó arrestada: qué pasó horas después

La causa por el doble abuso sexual ocurrido en 2018 en el barrio INTA, en Valle Viejo, sumó un nuevo y tenso capítulo en las últimas horas. Emanuel Agüero, uno de los dos acusados, denunció a la joven que es víctima en el expediente por amenazas y daños, a raíz de un episodio ocurrido en su domicilio. La presentación quedó radicada en la Unidad Judicial N°4.

Como consecuencia de esa denuncia, personal policial arrestó a la joven. La medida se extendió hasta el mediodía, cuando cesó. Hasta el momento, la joven no fue imputada y, apenas recuperó la libertad, denunció a su vez a Agüero. En el hecho tomó intervención el fiscal de Instrucción de Cuarta Nominación del Distrito Oeste, Ricardo Córdoba Andreatta.

Una convocatoria que no llegó a concretarse

La noticia del arresto se conoció mientras en redes sociales circulaba una convocatoria a movilizarse en apoyo a la joven. La repercusión fue inmediata: mensajes de indignación de quienes vienen siguiendo la causa desde hace años. Sin embargo, la marcha finalmente no se concretó después de que se confirmara que el arresto había cesado y que no había imputación en su contra.

La reacción en redes no se explica solo por el episodio de esta madrugada. Hay un contexto de fondo que atraviesa el expediente: ocho años sin una sentencia firme, dos condenas ya anuladas por la Corte de Justicia y una audiencia reciente, el 15 de septiembre, en la que las defensas de ambos acusados volvieron a pedir la absolución. Para buena parte de quienes se movilizaron en su momento, y vuelven a hacerlo ahora en redes, el arresto de la propia víctima —aunque revertido en pocas horas— funcionó como un nuevo capítulo de una espera que consideran injustificada.

Una causa que se estira desde 2018

El expediente investiga un abuso sexual con acceso carnal contra la joven, ocurrido en julio de 2018 en el barrio INTA, Valle Viejo. En mayo de 2023, el tribunal integrado por los jueces Fernando Esteban, Mauricio Navarro Foressi y Rodrigo Morabito declaró culpables a Agüero y a Leiva, y los condenó a 10 años de prisión.

La defensa recurrió ante la Sala Penal de la Corte, que en mayo de 2024 hizo lugar parcialmente al planteo: la sentencia tenía 123 páginas, de las cuales 97 eran transcripción textual de testimonios, sin una valoración real de la prueba. La Corte devolvió el expediente al mismo tribunal para que fundamentara debidamente su fallo.

El tribunal volvió a condenar, con idéntica pena, pero incurrió en un segundo error: fueron los mismos jueces que ya habían expresado su convicción sobre la culpabilidad de los acusados quienes dictaron la nueva sentencia. La defensa recurrió otra vez y, en mayo de 2025, la Sala Penal —con otra integración— anuló también ese fallo por violación a la garantía de imparcialidad y ordenó el reenvío a un tribunal con nueva integración, que recayó en la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Segunda Nominación.

En junio pasado, en medio de la demora para fijar una nueva fecha de audiencia, la joven se encadenó en los pasillos de Tribunales para reclamar una definición. La audiencia, que finalmente se realizó el 15 de septiembre, había sido reprogramada: estaba prevista originalmente para el 3 de septiembre, pero debió postergarse a partir de un planteo de la defensa sobre el carácter facultativo de los alegatos orales.

En esa audiencia, el fiscal y la querella se remitieron a los alegatos ya formulados en instancias anteriores, mientras que las defensas de Agüero y de Leiva insistieron con el pedido de absolución. El tribunal —integrado por los jueces Miguel Lozano Gilyam, Silvio Martoccia y Luis Guillamondegui— pasó a un cuarto intermedio hasta el 24 de este mes, fecha en la que se dará la última palabra a los imputados y a la víctima antes de que los jueces pasen a deliberar.